La Procuraduría General de la Nación ordenó abrir una investigación disciplinaria contra el canciller, Álvaro Leyva, por el "presunto desacato" a la suspensión provisional que esta misma oficina le dictó por posibles irregularidades durante el proceso de licitación de pasaportes.
Esta entidad, que suspendió a Leyva el pasado 24 de enero, considera que el canciller no acató la orden, pues continúa ejerciendo.
Por su parte, el Ministerio Fiscal en emitió un comunicado diciendo que:
"El Ministerio Público ordenó la apertura de una nueva investigación disciplinaria contra Leyva Durán por el presunto desacato de la medida de suspensión provisional. A pesar de que le fue debidamente notificada y la misma debió ser cumplida de manera inmediata".
Indicó.
En este sentido, la Procuraduría revisará las determinaciones que el titular de la cartera habría adoptado además de:
"Las comunicaciones enviadas representando a la Cancillería, desconociendo que se encontraba apartando del cargo e inhabilitado para ejercer las funciones correspondientes".
Enfatizó.
Posterior a ello, se determinará si los hechos pueden ser constitutivos de falta disciplinaria o "si se actuó o no al amparo de una causal de exclusión de responsabilidad".
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La suspensión del canciller
En septiembre pasado, la Procuraduría abrió una investigación contra Leyva y contra el secretario general de la Cancillería, José Antonio Salazar, por irregularidades en la anulación de la licitación para expedir los pasaportes.
La Cancillería indicó entonces que esa decisión fue tomada porque, según otras empresas interesadas en la licitación, no existe libre competencia ya que en los últimos 17 años, Thomas Greg & Sons, se ha encargado de producir los pasaportes y etiquetas de visado colombianas, y suspendió su contrato, al que le quedaban todavía tres años.
Por haber podido incurrir en dos faltas disciplinarias, al extralimitarse en sus funciones al declarar desierto el proceso y luego decretar la urgencia manifiesta aparentemente sin necesidad, la procuradora, Margarita Cabello, anunció en enero su suspensión por tres meses.
La controversia por el contrato de los pasaportes le costó el cargo a la directora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, Martha Lucía Zamora, a quien el presidente Petro le pidió la renuncia luego de que Leyva le reprochara porque supuestamente no estaba haciendo bien la defensa del caso.
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