La Procuraduría General de la Nación inició cinco indagaciones preliminares para esclarecer la muerte de al menos quince menores de edad durante recientes operaciones militares contra grupos armados ilegales.
La entidad asumió este proceso con el fin de determinar cómo actuaron los servidores públicos involucrados y si siguieron los lineamientos que exige el Derecho Internacional Humanitario (DIH).
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Los investigadores reunieron información inicial sobre la planeación y ejecución de estos operativos en diferentes regiones del país.
El Ministerio Público busca establecer si las unidades militares que participaron aplicaron los principios de precaución, humanidad y proporcionalidad, normas esenciales cuando la fuerza pública enfrenta estructuras que incluyen población especialmente protegida.
Reclutamiento y uso de la fuerza investigado por La Procuraduría
La Procuraduría reiteró que el reclutamiento y utilización de niños, niñas y adolescentes constituye un crimen internacional no amnistiable.
Por esa razón, el Estado tiene la obligación de protegerlos, incluso en contextos donde grupos armados los usan de forma deliberada para aumentar el riesgo de las operaciones.
La entidad aclaró que el DIH le permite a las Fuerzas Militares actuar contra objetivos conformados por combatientes, aunque en ellos haya menores reclutados. Sin embargo, también insistió en que cada operación exige una evaluación estricta de proporcionalidad.
Esa revisión incluye el análisis de inteligencia previa, la verificación de la presencia de menores y el estudio de las alternativas disponibles para reducir daños.
En el caso específico de los bombardeos, la Procuraduría solicitó información detallada sobre los parámetros operacionales, los soportes técnicos, los criterios de selección de objetivos y los procedimientos que guían el uso de explosivos en zonas donde podría haber población vulnerable.
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Comisión en territorio y recolección de pruebas
Una comisión especializada viajará a los lugares donde ocurrieron los hechos, allí recogerá testimonios de comunidades, informes militares, material técnico, reportes de combate y cualquier evidencia que permita reconstruir la línea de tiempo de cada operación.
El Ministerio Público también verificará si los uniformados activaron los protocolos para atención humanitaria, manejo de bajas y coordinación con entidades civiles.
El propósito es establecer responsabilidades individuales y garantizar que todas las actuaciones cumplan los estándares nacionales e internacionales.
La Procuraduría reafirmó su compromiso con la protección de la niñez y con el seguimiento estricto al DIH, e informó que mantendrá estas indagaciones con criterios de transparencia, imparcialidad y respeto por el debido proceso.
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