Ante la toma de un noticiero, disturbios en distintas cárceles y la violencia en las calles, el Presidente Daniel Noboa tomó la decisión de enviar al menos a 1.500 presos colombianos que se encuentran recluidos en su país. Incluso, dijo que, si era necesario los dejarían abandonados en la frontera.
Por su parte, el presidente Gustavo Petro, manifestó que todo conlleva un proceso que no se puede saltar.
“Ecuador es consciente de que eso no se puede hacer de la noche a la mañana, es un proceso y debe respetar las condiciones jurídicas de cada país. Estamos en conversaciones para una construcción de cooperación judicial”.
Aseguró Petro.
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El pasado 10 de enero, la Cancillería y el Ministerio de Justicia emitieron un comunicado abordando este tema.
En el comunicado, anunciaron la disposición de Colombia para activar los canales necesarios en relación con la solicitud.
Sin embargo, recalcaron la importancia de que este proceso se ajuste a lo establecido en el Convenio sobre Tránsito de Personas, Vehículos, Embarcaciones Fluviales y Marítimas y Aeronaves del 18 de abril de 1990.
Este convenio establece, que la repatriación de connacionales debe ser un proceso individual, no masivo, basado en criterios objetivos y sujeto al consentimiento de la persona privada de libertad.
El acuerdo también especifica que las solicitudes de repatriación deben ser evaluadas individualmente, considerando los criterios para el traslado de personas condenadas.
¿Qué incluyen los requisitos?
Haber cumplido al menos el 50% de la pena.
Presentar un estado de salud grave, progresivo e irreversible en el extranjero.
Tener 65 años o más.
Ser los padres, hijos y/o cónyuge de la persona condenada en un estado de salud grave e irreversible.
Además, se destacó que una expulsión eventual por parte de Ecuador sería una decisión unilateral que invalidaría las decisiones judiciales de los órganos de justicia en Colombia.
Frente a esto, es importante señalar que en el año 2021 más de 460 presos fallecieron en tomas carcelarias a manos de integrantes de bandas ecuatorianas y colombianas, las cuales se disputan territorio para el narcotráfico.
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