El presidente Juan Manuel Santos radicó este 23 de octubre un proyecto de ley que posibilitara el sometimiento a la justicia de organizaciones armadas al margen de la ley, bien sea individual como colectivamente.
El documento, redactado entre la Fiscalía y el Ministerio de Justicia, indica la conformación de un proceso judicial especial para los Grupos Delictivos Organizados, GDO, y Grupos Armados Organizados, GAO. Dicho proceso, según el primer borrador, constará de dos momentos: uno de acercamiento y otro de judicialización.
Posteriormente, las autoridades asignarán fiscales delegados que adelanten acercamientos con los delincuentes y con la negociación como tal. Esta exige que los integrantes de la organización acepten los crímenes que cometieron y, asimismo, que entreguen información sobre sus actividades ilícitas, temas económicos, víctimas y estructura delincuencial de la banda.
Si los miembros de los GDO y GAO deciden someterse a la ley, recibirían ciertos beneficios. Entre ellos, está la rebaja de penas y que los integrantes reciban hasta un cinco por ciento “del producto que se obtenga de la enajenación de los bienes que sean objeto de extinción de dominio y se encuentren estrechamente ligados a grupos delictivos organizados”.
El pasado 18 de junio, el arzobispo de Cali, Darío de Jesús Monsalve, le reveló a 90 Minutos la intención de varias bandas criminales de negociar las condiciones de su reinserción en la vida civil:
Tras opiniones generadas por dicho proyecto de ley, se halla de polémica de si considerar a la disidencia de las Farc como bandas criminales y, en este sentido, puedan estar enmarcadas en la ley que espera ser discutida en el Congreso vía fast track.
Inclusive, el comandante del Ejército, el general Alberto José Mejía, ya había asegurado a El Colombiano que los miembros de las Farc que no se acogieron a los Acuerdos de Paz “podrían convertirse no en disidencia, sino que algunos pasan directamente a grupos armados organizados o GAO, es decir una trasferencia directa a una banda criminal y ahí ya no se llamaría disidencia”.
Cabe anotar que el documento define un GAO como un grupo armado organizado “que, bajo la dirección de un mando responsable, ejerce sobre una parte del territorio nacional un control tal que le permite realizar operaciones militares sostenidas y concertadas”.
Según el informe International Crisis Group, los disidentes oscilan entre 800 y 1.000 personas. Además, señala que estas tienen presencia en los departamentos de Cauca, Nariño, Meta, Guaviare, Caquetá, Vaupés y Guainía.
No sobra recordar que, días después de que el Ejército diera de baja a alias Gavilán, el presidente Juan Manuel Santos recibió el pasado 3 de septiembre una carta de Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, líder máximo del Clan del Golfo. En ella, Úsuga afirmaba que estaba dispuesto a someterse a la justicia y a cesar sus actuar delincuencial.
La capital vallecaucana, según indicadores de las autoridades regionales, está azotada por nueve bandas criminales y 180 pandillas.
Vea también:
#CaliCo Un abogado, su bebé de 9 meses y su sobrina en estado de embarazo fueron víctimas de un ataque sicarial. https://t.co/iWwZUFsC5T
— Noticiero 90 Minutos (@Noti90Minutos) 23 de octubre de 2017
