El ministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, TIC, Mauricio Lizcano; confirmóque se abrió una investigación para establecer si el gobierno de Iván Duque dio o no la orden de bloquear el servicio de Internet con inhibidores de señal del Ejército durante el Paro Nacional de 2021 en Cali.
Esto ocurrió tras el fallo de la sentencia T-372 de 2023 de la Corte Constitucional, sobre una acción de tutela presentada por integrantes de la sociedad civil contra el MinDefensa y otras entidades del Estado, por la “presunta vulneración de sus derechos a la libertad de expresión, de asociación y de reunión”.
De acuerdo con la tutela, luego de una serie de medidas anunciadas por el Ministro de Defensa de ese entonces, Diego Molano, hoy candidato a la Alcaldía de Bogotá, y el presidente Iván Duque, de desplegar más Fuerza Pública y Fuerzas Militares; los participantes en las protestas grabaron videos y los publicaron en redes, con el fin de evidenciar el uso de armas contra la población civil; y la detención de manifestantes por parte de la Policía Nacional.
“En ese sentido, manifestaron que el 4 de mayo de 2021, como lo registraron varios medios de comunicación, en Cali se presentaron problemas de conectividad de internet. El 5 de mayo siguiente, Netblocks (organización británica que monitorea alteraciones en la conectividad de internet a nivel global) confirmó que hubo una disrupción del servicio de internet; desde aproximadamente las 4:30 p. m. del 4 de mayo hasta la mañana del 5 de mayo del mismo año”.
Así lo señala el fallo de la Corte.
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Frente a esto, el fallo ordenó a los ministerios TIC y de Defensa que; “dentro de los 5 días siguientes a la notificación de esta sentencia; respondan públicamente a los cuestionamientos de la opinión pública; frente a la interrupción del servicio de internet y el presunto uso de inhibidores de señal por parte de la Fuerza Pública. Durante las jornadas de protesta social en la ciudad de Cali de 2021”.
Por ello, el actual ministro TIC, Mauricio Lizcano, ordenó la investigación en su cartera:
“La orden que di es que abramos una investigación formal con la Dirección de Vigilancia y Control; a raíz de lo que nos pidió la sentencia de que investiguemos profundamente si eso sucedió o no”.
Además, dicho fallo de la Corte establece un plazo de 6 meses a los ministerios para “determinar el alcance de los hechos denunciados, los presuntos responsables de los mismos y las medidas adoptadas para evitar la repetición de los hechos que dieron lugar a la acción de tutela, e informen los resultados de esa pesquisa a la opinión pública”.
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