Es el caso de Diego Castañeda, quien llevó a su padre de 88 años al Hospital Militar Central de Bogotá por fiebre y una afección urinaria pero 48 horas después se enteró de que había fallecido y, aunque han pasado diez días desde entonces, sigue sin saber la causa real ni dónde están sus restos.
"Llevé a mi padre al hospital, tenía algo de fiebre, pero era por una infección urinaria que le estaban tratando con antibióticos, cuando lo hospitalizaron entró por la misma zona por la que ingresan los pacientes de COVID-19", relata Castañeda a Efe.
Bogotá sobrepasó el viernes los 100.000 contagiados y acumula 2.748 fallecidos, una tercera parte de los 295.508 casos positivos y 10.105 muertos de todo el país, situación que pone en aprietos a la ciudad pese a que desde marzo las autoridades nacionales y locales se preparan para enfrentar el pico de la pandemia.
INCERTIDUMBRE Y DESINFORMACIÓN
En medio del dolor por la pérdida de su padre, Castañeda se queja de la poca y contradictoria información recibida ya que por teléfono nunca lo atendieron y, aunque las autoridades recomiendan no ir a los hospitales a averiguar por la salud de las personas ingresadas, no tuvo más remedio que dirigirse al Hospital Militar.
Después de preguntar aquí y allá, finalmente una enfermera se interesó por su caso y al rato recibió una llamada de una funcionaria con una noticia inesperada: "El señor falleció", le dijo la voz a secas, sin darle ninguna explicación, y "sin tener ninguna consideración por la muerte de mi padre. No es justo".
Con un nudo en la garganta, Castañeda dice estar sumido en el "dolor y la incertidumbre".
"Lo único que me dijeron es que debía preparar el sepelio, pero todavía no sé de qué murió mi padre, si de coronavirus, lo que no creo, porque entró al hospital por una infección urinaria, o por un paro cardiorrespiratorio como dice el dictamen".
Según cuenta, la teoría del coronavirus se la dio la médica de los servicios de urgencias que acompañó a su padre en el ingreso al hospital, que a su vez dictaminó otra causa de muerte, pero lo cierto es que la familia Castañeda sigue en un limbo.
Diego lamenta que, además de no saber de qué murió su papá, "todavía no he recibido sus cenizas", diez días después del deceso, y el argumento de la funeraria es que hay congestión para cremar los cuerpos.
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SISTEMA FUNERARIO EN EL LÍMITE
Desde que comenzó la pandemia se habló de la urgente necesidad de fortalecer el sistema de salud y de hacer más pruebas para detectar contagiados, entre otros asuntos, pero poco de la capacidad funeraria del país.
Bogotá tiene nueve cementerios, cuatro de ellos administrados por la Alcaldía y cinco privados, y cuenta con trece hornos crematorios, seis de gestión pública y siete a cargo de empresas privadas que no dan abasto para atender la emergencia que supone el fallecimiento de 106 personas en media en la última semana, sólo de COVID-19, sin contar las otras causas.
Para evitar que la situación empeore, la Alcaldía también dispuso contenedores refrigerados para depositar cadáveres que luego serán incinerados, algunos de los cuales ya están en operación en los cementerios.
Para proceder al destino final, sea inhumación o cremación del ser querido, se debe contar con una documentación expedida por las entidades de salud o por la autoridad competente o, en su defecto, un certificado que confirme la causa de muerte.
"Esto, entre otras cosas, nos permitirá activar los protocolos según sea el caso para proteger a los colaboradores y a las mismas familias, ante la posible propagación del virus", explica María Ángela Mejía, directora corporativa del Grupo Recordar, empresa con más de 50 años de experiencia en servicios funerarios en Bogotá y otras ciudades del país.
CADÁVERES CAMBIADOS
El caso de la familia Castañeda es uno entre los muchos denunciados a diario en todo el país sobre falta de información a los deudos por parte de hospitales y funerarias, e incluso de cambio o extravío de cadáveres.
En Barranquilla, que hasta hace pocas semanas fue con Bogotá el centro de la pandemia, las autoridades iniciaron un proceso en contra de una clínica y una funeraria que entregaron de manera equivocada los cuerpos de personas fallecidas por COVID-19.
El proceso de la Alcaldía es contra la clínica El Prado y la funeraria Jardines de la Eternidad, por presuntos incumplimientos en el protocolo de manejo y disposición de cadáveres.
Los hechos ocurrieron el pasado 6 de julio, día en que parientes de Marilin Pérez, fallecido por coronavirus, denunciaron que la clínica no les había entregado el cuerpo.
Indagaciones posteriores determinaron que el cadáver de Pérez fue entregado a los familiares de Jorge Muñoz, quienes hicieron el sepelio con un cadáver equivocado.
Un caso similar ocurrió en la localidad de Baranoa, a 30 kilómetros de Barranquilla, donde el cadáver de Nelson Guardiola fue entregado a otra familia de la población de Palmar de Varela, que logró darse cuenta del error antes de la inhumación.
Familiares de personas fallecidas lamentan que las restricciones sanitarias que rodean las defunciones por coronavirus les impidan constatar que los restos que les entregan realmente sean el de su ser querido, no sólo para corroborar su identidad sino para hacer debidamente el duelo ya que ver el cadáver es el punto de partida de ese proceso.
Por eso, una mujer que esperaba este viernes en el Cementerio Serafín, en Bogotá, la llegada de un carro fúnebre con los restos de su abuela, dijo a Efe que estaba dispuesta a detenerlo "para que me dejen verla" ya que, según asegura, "no murió de COVID-19" y por eso no veía motivo para que le impidieran despedirse de ella. EFE
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