El presidente Iván Duque, advirtió el jueves de los riesgos para el país por el incremento de los cultivos ilícitos, y dijo que la lucha de su Gobierno para que se permita de nuevo el uso de herbicidas es con el propósito de contar con más herramientas para la lucha contra el narcotráfico.
"El verdadero debate" no es sobre el herbicida, sino "sobre la amenaza y riesgos que afronta el país por cuenta del crecimiento vertiginoso de los cultivos ilícitos y las consecuencias que esto trae en la seguridad nacional y la protección de los derechos de los colombianos", dijo Duque durante una audiencia pública en la Corte Constitucional.
Duque señaló que mientras en el periodo comprendido entre 1999 y el 2012 se redujeron las hectáreas de cultivos ilícitos de 110.000 a 60.000, entre los años 2013 y 2018 "el país tuvo el más rápido crecimiento de su historia en cultivos ilícitos, prácticamente se quintuplicaron", y añadió que el crecimiento fue del 64 por ciento por año.
Al respecto subrayó que la reducción entre 1999 y 2012 fue posible por la combinación de varias herramientas entre las que estaba la aspersión aérea, la cual se desarrolló con cooperación internacional y se "buscó siempre en el uso de ese instrumento la no afectación de terceros".
El crecimiento actual de los cultivos, sostuvo, "amenaza seriamente el orden público y el orden constitucional en sí mismo en las zonas donde se ha presentado esa expansión".
Asimismo, señaló que antes se registraban tres cosechas de cultivos ilegales en un año, mientras que ahora esa cifra se ha duplicado y se observan seis cosechas en ese periodo, y destacó que por una hectárea sembrada de coca se afecta más de 1,8 hectáreas de selva tropical en el país.
Según dijo, en la actualidad se erradican entre dos y tres hectáreas de cultivos ilícitos mediante la operación manual, mientras que con aspersión aérea se afectaban 150 hectáreas en ese mismo periodo.
Por último señaló que existen rutas marítimas desde Venezuela que se emplean para el transporte de cocaína y dijo que en Colombia operan también carteles mexicanos.
"Los hemos ido enfrentando con determinación, pero en los últimos años, con ese crecimiento exponencial, aumentaron su presencia en el territorio", aseguró.
La aspersión aérea se realizó en el país durante años con el apoyo del gobierno de Estados Unidos, pero en octubre de 2015 la administración de Juan Manuel Santos suspendió las fumigaciones con el químico Glifosato luego que la Organización Mundial de la Salud (OMS) publicó un informe según el cual ese herbicida causa cáncer y otras enfermedades en seres humanos.
Durante la audiencia de este jueves, el ministro de Defensa, Guillermo Botero, advirtió que "si Colombia continúa solamente con las modalidades actuales de lucha contra cultivos ilícitos, se estima que para 2022 ascenderían a 292.000 las hectáreas cultivadas".
En ese sentido, dijo, "se hace necesario considerar mecanismos que ayuden a la erradicación de cultivos ilícitos", ya que "existe correlación directa entre los departamentos del país que concentran la mayor extensión de cultivos ilícitos y aquellos donde han ocurrido la mayoría de los homicidios de los líderes sociales".
Por su parte, el fiscal General de Colombia, Néstor Martínez, señaló que la aspersión aérea de herbicida no va en contra del proceso de paz con las Farc y que, por el contrario, "la cocaína contamina la democracia".
Según Martínez, la Fiscalía ha advertido que en algunas regiones del país se está "regresando a relación promiscua entre narcotráfico y política con ocasión del proceso electoral regional del año 2019".
Al respecto, el expresidente Santos, quien también participó en la audiencia, dijo que "no es cierto que la decisión de suspender la aspersión fue una imposición de las Farc", y recordó que "fue una decisión autónoma producto de un fallo de la Corte Constitucional".
Por último consideró que "Colombia tiene que seguir combatiendo este flagelo de seguridad nacional, pero con pragmatismo y realismo, no con estrategias que en el pasado fracasaron". (Sputnik)
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