El Gobierno Nacional pidió este jueves a los integrantes de FARC que hacen parte de la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación (CSIVI) de la implementación de la paz en el país que definan una fecha para reanudar las actividades de esa instancia, que fueron suspendidas el pasado 14 de mayo por ese partido de izquierda.
"El consejero presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Emilio Archila, destacó que considera de la mayor importancia el funcionamiento de la CSIVI como instancia conjunta en pro de la continuidad en el cumplimiento de la implementación y la consolidación de las condiciones para la paz del país", indicó en un comunicado la Consejería que dirige Archila.
La última jornada de la Comisión se cumplió el 14 de mayo, cuando tras ser aprobados seis nuevos puntos geográficos para emisoras encargadas de la difusión de los avances de la paz, los delegados de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) se retiraron.
"Sírvanse informarnos sobre su disposición de agenda para programar la siguiente sesión de la CSIVI, con sus instancias y componentes", señaló el consejero Archila en su nota a los delegados de FARC, según el comunicado.
La FARC anunció el14 de mayo que se retiraba de la CSIVI en razón de que, un día antes, el comisionado de Paz, Miguel Ceballos, avaló que Estados Unidos incluyera a Cuba en la lista de países que "no cooperan completamente" en la lucha antiterrorista.
"El señor Miguel Ceballos no parece un comisionado de Paz sino un delegado para la guerra, celebra que un país garante del acuerdo de paz de Colombia sea incluido en la lista de 'ayudantes del terrorismo'. Por ello decidimos suspender nuestra participación en la CSIVI", anunció la FARC esa vez en su cuenta de Twitter.
Según el Departamento de Estado de EEUU, la inclusión de Cuba en la lista obedeció a que la isla mantiene a miembros de la guerrilla colombiana del Ejército de Liberación Nacional (ELN) que viajaron allí para las negociaciones de paz y "seguían en Cuba en 2019".
El Gobierno colombiano rompió de manera unilateral las negociaciones de paz con el ELN en febrero de 2019, luego de que esa guerrilla se adjudicó un atentado con un vehículo cargado con explosivos en una escuela de cadetes de la Policía, en Bogotá, que dejó 22 estudiantes muertos y 60 más heridos el 17 de enero de ese mismo año.
A raíz de ese hecho Colombia pide en extradición a 10 integrantes de la Mesa de Negociaciones de Paz que permanecen en La Habana, pero el Gobierno de la isla se niega a entregarlos porque asegura que respeta los protocolos de rompimiento de los diálogos de paz firmados con la administración de Juan Manuel Santos (2010-2018), los cuales prohíben extraditar y detener a esos guerrilleros. (Sputnik)
