El Gobierno oficializó un nuevo estado de emergencia económica, mediante la expedición del decreto 0150, con el fin de enfrentar la situación que han generado las lluvias en varios departamentos de la Costa Caribe, especialmente en Córdoba.
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El Ejecutivo argumenta que la ola invernal ha generado una situación extraordinaria que requiere recursos adicionales y medidas urgentes. El recaudo que se pretende tener bajo el amparo de este estado de excepción se usaría exclusivamente para atender la situación en los departamentos de Córdoba, Antioquia, la Guajira, Sucre, Bolívar, César, Magdalena y Chocó.
Según la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), se han registrado cerca de 131 emergencias que dejan más de 69.000 familias damnificadas en 181 municipios de 16 departamentos.
La entidad calcula que hay unas 87.054 hectáreas afectadas por las inundaciones. En Córdoba, uno de los territorios más afectados, las inundaciones han provocado la destrucción de viviendas, daños en infraestructura y problemas en la prestación de servicios esenciales.
En una carta enviada a la Corte Constitucional, el presidente Petro señaló que se trata de “una tragedia en curso” que no admite dilaciones.
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Para el Gobierno, estas condiciones representan un hecho inesperado y extraordinario que justifica la declaratoria de una nueva emergencia económica con el propósito de movilizar recursos.
El Ministerio de Hacienda anunció que, en el marco de la nueva emergencia económica, se adoptarán medidas para recaudar alrededor de 8 billones de pesos. Estos recursos se destinarían a atender los daños provocados por la ola invernal.
Según la cartera, los ajustes tributarios tendrían un enfoque progresivo. En este sentido, se plantean modificaciones al impuesto al patrimonio para que el recaudo provenga de los patrimonios más altos, específicamente aquellos superiores a COP 10.000 millones y COP 30.000 millones, con tarifas de 0,6 % y 1,2 %, respectivamente.
El Gobierno sostiene que estos recursos permitirían responder de manera más ágil a la emergencia climática y movilizar financiamiento adicional frente a los costos que deja la temporada de lluvias.
Las modificaciones planteadas al impuesto al patrimonio impactarían sobre todo a las empresas, una decisión que genera reparos entre algunos analistas, quienes recuerdan que la OCDE recomienda reducir la carga tributaria para las compañías.
Por el momento no se conocen más medidas que vendrían con la emergencia económica, pues estas deben ser incluidas en un nuevo decreto, como sucedió con la emergencia decretada en diciembre, que hoy se encuentra suspendida por orden de la Corte Constitucional.
¿Qué significa esta nueva emergencia para las finanzas del Estado?
Los anuncios de una nueva emergencia económica llegan en un momento en el que las cuentas públicas enfrentan presiones importantes.
El Presupuesto General de 2026 quedó con un faltante cercano a 16 billones de pesos luego de que el Congreso hundiera la Ley de Financiamiento que buscaba aportar esos recursos adicionales.
Luego de la suspensión de la emergencia económica decretada en diciembre de 2025, el Gobierno anunció recortes al presupuesto de este año, aunque hasta el momento no se conocen decretos que los hagan efectivos. Ahora propone un nuevo recaudo cercano a COP 8 billones.
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