Este viernes, 24 de enero, el presidente Gustavo Petro, junto a su gabinete ministerial, firmó el decreto, por el cual se confirma el estado de conmoción interior en la región del Catatumbo, Norte de Santander. Esto tras la ola de violencia que desató el grupo criminal ELN y las disidencias de las Farc, que ha dejado personas fallecidas y desplazadas.
De acuerdo con el decreto, este tiene una vigencia de 90 días y abarca buena parte del departamento de Norte de Santander y dos municipios del Cesar.
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El decreto aplica en la región del Catatumbo, “la cual está conformada por los municipios de Ocaña, Ábrego, El Carmen, Convención, Teorama, San. Calixto, Hacarí, La Playa, El Tarra, Tibú y Sardinata, y los territorios indígenas de los resguardos Motilón Barí y Catalaura La Gabarra".
Así como en el área metropolitana de Cúcuta, "que incluye al municipio de Cúcuta, capital departamental y núcleo del área, y a los municipios de Villa del Rosario, Los Patios, El Zulia, San Cayetano y Puerto Santandery los municipios de Río de Oro y González del departamento del Cesar”, señala el decreto.
¿Qué implica la declaración de conmoción interior en el Catatumbo?
Es preciso señalar que el decreto de conmoción interior indica que la medida busca garantizar recursos adecuados para enfrentar la crisis humanitaria en el Catatumbo, debido a la insuficiencia de medios económicos disponibles para abordar la situación de emergencia.
Por lo anterior, el Gobierno se ve obligado a adoptar medidas presupuestales y fiscales necesarias. Ante esto, permite a las entidades territoriales actuar dentro de su autonomía para responder efectivamente a esta conmoción interior.
Entre las medidas propuestas se incluyen acciones para proveer recursos a las entidades estatales responsables de mitigar los efectos de la crisis, así como la facilitación del uso de los recursos del Sistema General de Participaciones y del Sistema General de Regalías, conforme a las disposiciones constitucionales vigentes.
De igual forma, se solicita la cooperación de organismos internacionales y gobiernos aliados para financiar programas humanitarios y de estabilización. Ajustando los presupuestos necesarios para responder adecuadamente al desafío de restablecer el orden público en la región del Catatumbo.
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