En la tarde de este viernes, 14 de mayo, expertos en derechos humanos de la ONU y la OEA condenaron la violenta represión; de las protestas pacíficas en Colombia y pidieron al Gobierno Nacional que lleve a cabo una investigación exhaustiva e independiente sobre los asesinatos denunciados; la violencia sexual y las torturas, y casos de presunta detención arbitraria y desaparición forzada.
“Estamos profundamente consternados por el uso excesivo e ilegal de la fuerza por parte de la Policía y miembros del ESMAD contra manifestantes pacíficos; defensores de derechos humanos y periodistas en toda Colombia”, mencionaron los expertos.
Además, estos especialistas han recibido informes de al menos 26 homicidios, la mayoría de ellos jóvenes, 1.876 casos de violencia policial; 216 casos de heridos, incluidos policías, aproximadamente 168 desapariciones, 963 presuntas detenciones arbitrarias, 12 casos de violencia sexual, así como denuncias de tortura. También, ha habido al menos 69 agresiones contra defensores de derechos humanos.
El pasado 28 de abril de 2021, miles de ciudadanos colombianos, de varios sectores y grupos sociales; comenzaron a manifestarse pacíficamente en todo Colombia en contra de la reforma tributaria, presentada por el Gobierno, que ellos consideran que perjudica y es desigual.
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A pesar del anuncio emitido por el Presidente, el 2 de mayo, de retirar el proyecto del Congreso de la República, las protestas continuaron. En su mayoría, las manifestaciones han sido pacíficas, pero se presentaron lamentables hechos violentos.
Los expertos expresaron su preocupación por la participación de los militares en la respuesta del Gobierno. Destacaron que el personal militar está formado y entrenado; principalmente para defender al país frente a amenazas de carácter militar y no debe ser utilizado para reuniones policiales.
De otro lado, también expresaron su alarma por los informes de ataques violentos contra la indígena Minga en Cali. “Rechazamos cualquier intento de acusar a los pueblos indígenas de participar con armas en las protestas pacíficas. Además, hacemos un llamado a las autoridades para que tomen medidas para evitar la propagación de la estigmatización contra los manifestantes”, dijeron los expertos.
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Pidieron a las autoridades que lleven a cabo investigaciones exhaustivas, rápidas, efectivas, imparciales e independientes sobre todas las presuntas violaciones de derechos humanos. Que responsabilicen a los responsables y garanticen una reparación adecuada, incluida una indemnización, a las víctimas y sus familias. También instaron al Gobierno a revelar el paradero de todas las personas detenidas.
Finalmente, los expertos instaron a las autoridades interesadas a “respetar el derecho de reunión pacífica durante futuras protestas; y a garantizar que la fuerza se utilice únicamente de conformidad con los principios de precaución, necesidad y proporcionalidad. Continuaremos monitoreando de cerca los desarrollos”, concluyeron.
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