Un grupo de exdirectivos de la constructora Odebrecht advirtieron que la imputación de cargos penales que les hizo la Fiscalía puede constituir un mensaje para que cesen las colaboraciones con la justicia colombiana y de otros países.
La Fiscalía colombiana informó ayer que imputará cargos a más de 50 personas, entre ellos 33 funcionarios y exfuncionarios de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y al magnate brasileño Marcelo Odebrecht; por presuntas irregularidades en un contrato con la empresa Odebrecht para la construcción de la carretera Ruta del Sol II.
Entre los extranjeros imputados por presuntos delitos de concierto para delinquir y lavado de activos están Marcelo Odebrecht, quien fue presidente del conglomerado entre 2008 y 2015; el presidente de la concesión Ruta del Sol II en 2010, Eder Paolo Ferracuti, y los brasileños Eleuberto Martorelli, Luis Antonio Bueno Junior y Luis Batista.
"La decisión del Ente Acusador de imputar cargos penales, incluso a quienes previamente otorgó un principio de oportunidad, es una determinación que a nuestro juicio y el de nuestros representados se traduce en un mensaje para que cesen las colaboraciones con la justicia colombiana, y, por esa vía se impida al país el conocimiento pleno de la verdad", dijeron hoy los exdirectivos en un comunicado firmado por abogados que los defienden en el proceso.
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Colaboraciones desde el 2016
En el comunicado de las firmas de abogados Jaime Granados y Vicente Gaviria, se asegura que desde diciembre de 2016 sus clientes han venido colaborando "con la administración de justicia de Colombia, así como con las autoridades de otras jurisdicciones, entre ellas, las de Brasil y de Estados Unidos".
Agregan que la colaboración incluye "pruebas, testimonios y el pago de una multimillonaria indemnización al Estado colombiano", por lo cual la Fiscalía otorgó "un principio de oportunidad pleno a varios exfuncionarios de la empresa".
El documento destaca que desde agosto de 2019, a través de una matriz de colaboración entregada a la Fiscalía, "se han aportado elementos materiales probatorios en varias jurisdicciones además de la colombiana, entre ellas Brasil, los cuales han permitido hacer claridad sobre materias de interés investigativo".
Igualmente, apuntan que "los términos de esta colaboración han sido respetados por la empresa y por nuestros representados, incluyendo la confidencialidad".
Por último, manifestaron que recibieron "con sorpresa" que en la rueda de prensa ofrecida por la Fiscalía ayer en Cartagena de Indias "se haya omitido cualquier referencia a dicha colaboración que por espacio de 7 años se ha venido materializando".
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Andrade dice que están castigando por denunciar
Por otro lado, el exdirector de la ANI Luis Fernando Andrade, quien también será imputado, aseguró en otro comunicado que la Fiscalía lo está "castigando" por haber denunciado irregularidades de los socios de Odebrecht.
Indicó, además, que "genera enorme preocupación" que la Fiscalía "esté declarando el fin de las investigaciones en el caso del Grupo Aval y Odebrecht a pesar de las graves revelaciones que han hecho las autoridades de Estados Unidos.
Ese conglomerado Aval, cuyo propietario es Luis Carlos Sarmiento Angulo, uno de los hombres más ricos de Colombia, es el accionista mayoritario de Corficolombiana, empresa vinculada con los sobornos pagados por Odebrecht para que se le adjudicara el contrato de construcción de la Ruta del Sol II, una carretera que iba a unir el centro con la costa Caribe y para la que se pagaron sobornos y favores.
Por esa razón el Grupo Aval acordó pagar 40 millones de dólares (36 millones de euros al cambio de hoy) para resolver los cargos, mientras que Corficolombiana firmó un acuerdo de "enjuiciamiento diferido" por lo cual pagará 20 millones de dólares.
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