Tras el cese de operaciones de las aerolíneas Viva Air y Ultra Air la Fiscalía General de la Nación se encuentra adelantando las respectivas investigaciones sobre posible estafa a cientos de ciudadanos. Al parecer en las próximas semanas se conocerán las primeras decisiones del ente investigador.
De acuerdo con la Aeronáutica Civil, que las aerolíneas en cuestión siguieran ofreciendo y vendiendo tiquetes a usuarios de todo el país; momentos antes de anunciar el cese de sus operaciones; implicó que alrededor de 115.300 pasajeros fueran afectados y que unos 22.000 tuvieran que comprar nuevos tiquetes para realizar sus viajes.
Se conoció que Ultra Air dejó una deuda de 8 millones de dólares y cuentas pendientes por pagar de 14 millones de dólares. Hay que tener en cuenta que la aerolínea operó en el país durante 13 meses.
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Por su parte, William Shaw, CEO y fundador de Ultra Air, aseguró que hicieron todo lo posible para no frenar la operación; sin embargo, esta decisión fue anunciada el pasado 29 de marzo.
“Antes de suspender la operación teníamos una solicitud de crédito de una entidad financiera; con el respaldo del patrimonio de los accionistas; y a espera de una solución por parte del FNG, que el día (29 de marzo) efectuó un nuevo requerimiento y nos llegó tarde”.
Le dijo Shaw a El Tiempo.
También indicó que no llegó “la confirmación de uno de los fondos internacionales que estábamos gestionando. Una vez tuvimos confirmación de que estos recursos no llegarían; procedimos de inmediato a suspender la venta de tiquetes y cerrar la operación a media noche del 29 de marzo”.
Denuncia del ministro de Transporte
Tras realizar el anuncio de las dos aerolíneas el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, realizó una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación por "perjuicios causados a miles de colombianos y la paralización en la prestación del transporte aéreo".
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En cuanto a Viva Air, para el Gobierno, previo al cese de sus operaciones la aerolínea recaudó aproximadamente 272.000 millones de pesos por la venta de tiquetes aéreos y la recepción de pagos por parte de agencias de viajes; “mantuvo abiertos sus canales comerciales para la venta de sus servicios hasta unas horas antes de cerrar las operaciones evidenciando dolo”.
Por su parte, la Fiscalía está recopilando información necesaria para evaluar las acciones por parte de las empresas y sus directivos.
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