Al menos 85 comunidades afro e indígenas del sur de el Chocó, que suman unas 45 mil personas, están confinadas debido al paro armado impuesto por el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y la disputa territorial con el Clan del Golfo.
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Estas comunidades, ubicadas en las cuencas de los ríos San Juan, Sipí y Cajón, enfrentan una situación crítica de orden público.
“Para el departamento de El Chocó, los combates, la disputa territorial que estos dos grupos están generando en nuestro territorio, genera y agudiza la situación de orden público, la situación de afectación a derechos humanos y sobre todo en una crisis humanitaria que afecta a todas nuestras comunidades".
Señaló la Gobernadora del Chocó, Nubia Córdoba.
Asimismo, el conflicto en la región no solo limita la movilidad de las personas, sino que también aumenta el riesgo de accidentes con minas antipersonas y artefactos explosivos.
"Desde la administración municipal hacemos un llamado a estos actores armados para que dejen por fuera este conflicto a nuestras comunidades. Además, se respetan los derechos humanos."
Dijo Alberto Rivas, Alcalde de Nóvita, Chocó.
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Desde el Chocó, las comunidades hacen un llamado sobre la necesidad de acatar las recomendaciones de alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo.
“Es perentorio que atiendan nuestras 4 alertas tempranas donde, de manera lamentable, se adelanta el paro armado.”
Explicó Julio Luis Balanta, defensor regional del pueblo en Chocó.
Por último, el año pasado se registraron 6 paros armados en el Chocó y ya se han reportado dos más en el 2024.
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