En los primeros 17 meses del Gobierno de Gustavo Petro se han restituido 71.000 hectáreas de tierras a víctimas de despojo y desplazamiento forzado en Colombia, lo que supone menos del 50 % de los últimos 17 meses del expresidente Iván Duque; durante el que se restituyeron 161.000 hectáreas, unas cifras presentadas este miércoles y que según organizaciones sociales ponen de manifiesto la necesidad de medidas de fondo para agilizar los procesos.

"Es muy lamentable que en el Gobierno del cambio, donde una de las principales propuestas era la Reforma Agraria Integral, tengamos estas cifras tan lamentables".

Consideró Nora Saldarriaga, la directora de la Fundación Forjando Futuros, que reveló las cifras.

En Colombia se considera que hay 6,5 millones de hectáreas de tierras despojadas por restituir, de las que en los 13 años desde la aprobación de la Ley de Víctimas solo se han devuelto un 10 %.

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Aunque es cierto que son los jueces y no los gobiernos los encargados de devolver a las víctimas sus tierras, desde organizaciones como Forjando Futuro, que lleva años dedicándose a apoyar a las víctimas de despojo, lamentan que de seguir al ritmo actual -con 71.000 hectáreas restituidas a 2.250 familias en año y medio del gobierno de Petro- "se tardaría 109 años en cumplir la meta".

Restitución de tierras por vía administrativa

Y por ello, hicieron un llamado para "que haya un cambio en la ley", en palabras de Saldarriaga, y el Congreso apruebe un proyecto de ley que plantea que pueda ser la Unidad de Restitución de Tierras (URT) la que devuelva los títulos a las víctimas y campesinos cuando sobre el predio o el terreno no haya peticiones de terceros.

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Es decir, que "si no hay terceros que se opongan" o tengan peticiones sobre el terreno que la víctima está pidiendo que le sea restituido, el proceso "se pueda hacer de manera expedita y no tengan que ir ante un juez".

Así se podría aligerar el trabajo que tienen los juzgados de tierras, donde se acumulan los casos incluso durante décadas haciendo que muchos demandantes incluso mueran esperando que les devuelvan sus terrenos.

"Nuestra investigación que el 72 % de estos casos (que están en los juzgados) no tienen oposición judicial; no existe un tercero reclamando derechos sobre el predio más allá de la víctima. Estos casos podrían ser restituidos perfectamente sin intervención de juez si se le otorga facultades a la URT".

Apuntó Ilhan Can, investigador de Forjando Futuros.

Y de esa manera, se podrían restituir hasta 3,6 millones de hectáreas, es decir, más de la mitad del total que queda por devolver; y más de 76.000 familias se verían beneficiadas con esta medida rápida.

Si no se toman acciones, alertaron las organizaciones sociales, el país seguirá ahondando el legado histórico que tiene en materia de resarcir a las víctimas de despojo y a quienes más sufrieron un conflicto que se sustenta en la tierra.

"No está siendo nada diferente la URT de Petro que la de los anteriores: es un escándalo político".

Consideró el director de la Fundación de Paz y Reconciliación (Pares), León Valencia.

Todo ello porque "hay un problema de fondo y la solución que se han presentado en todos estos años son ajustes de comas que no son soluciones de fondo", según Can, y esta solución de fondo pasa por apostar por la restitución de tierras administrativa ante la judicial.

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Este miércoles, 24 de abril, el juzgado 17 penal municipal con función de garantías de Medellín, ordenó cinco días de arresto al alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez y al secretario de Educación del distrito, Luis Patiño, por posible desacato a una tutela.

Asimismo, se conoció que tanto Federico Gutiérrez, como el secretario de Educación fueron sancionados con cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes. De acuerdo con lo informado, se acusa a los funcionarios de que no habrían cumplido con un fallo de tutela que los obligaba a pagar una licencia de maternidad a una funcionaria del sector educativo.

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Por otro lado, se informó que los días de arresto podrán ser pagados desde sus domicilios. Al parecer este caso fue denunciado desde noviembre de 2023.

Así como también deberán pagar, de manera inmediata, la sanción por desacatar la orden emitida por un juez, que equivale a 6.500.000 pesos.

Respuesta de Federico Gutiérrez

Tras conocer la orden de captura del alcalde de Medellín, 'Fico' Gutiérrez y secretario de Educación del distrito, Luis Patiño, por posible desacato a una tutela; el mandatario de la capital de Antioquia respondió vía X.

“Pagando los platos rotos que generaron los corruptos. (…) El daño que generaron quienes se robaron a Medellín no para y veremos las secuelas por mucho tiempo”.

Pagando los platos rotos que generaron los corruptos.
El daño que generaron quienes se robaron a Medellín no para y veremos las secuelas por mucho tiempo.
El 1 de noviembre de 2023 (el año pasado, durante la Administración anterior) echaron a una docente en estado de embarazo.… pic.twitter.com/2lJhwIrJpk

— Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) April 24, 2024

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La población residente en Colombia sufre por primera vez inseguridad alimentaria aguda, según el informe anual de la Red Global contra las Crisis Alimentarias (GNAFC) en colaboración con la FAO y otras agencias de la ONU; que destaca que el porcentaje de población que la afronta en Latinoamérica y el Caribe se redujo durante 2023.

El documento publicado este miércoles, que distingue entre población residente de Colombia y migrantes y refugiados, sostiene que la primera padece "uno de los niveles más altos de pobreza, desigualdad de ingresos e informalidad laboral" de la región, pese a ser "un país de ingresos medios o altos; con una alta capacidad gubernamental para apoyar a su población".

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En total 1,3 millones de personas o el 3% de la población residente de Colombia se enfrentó a graves niveles de inseguridad alimentaria aguda; sobre todo en las zonas rurales "debido a los bajos ingresos y la alta vulnerabilidad a los fenómenos meteorológicos externos".

Mientras que el 62% de la población migrante o refugiada, 2,9 millones de personas, sufrió este fenómeno en Colombia; país que los migrantes se ven obligados a atravesar en su travesía hacia el norte de la región por la peligrosa selva del Darién, la frontera natural con Panamá.

En total, la población latinoamericana y caribeña inmersa en crisis alimentarias se situó en 2023 en el 26,5%, un porcentaje ligeramente inferior al de 2022; cuando fue del 27,3%. Aunque el número de personas aumentó hasta los 19,7 millones debido a la inclusión en la lista de los residentes en Colombia y los migrantes y refugiados de Perú.

Haití, el más afectado y la situación mejora en Centroamérica

Haití continúa siendo el país más afectado por este fenómeno; y el único de la región inmerso en una crisis alimentaria prolongada que en 2023 afectó a 4,9 millones de personas. Y es que, el 49 % de la población total, y experimentó un aumento de 166.000 personas con respecto a 2022.

Los motivos que la GNAFC esgrime para que continúe esta situación en el país caribeño son:

"La persistente inseguridad y la violencia de las pandillas, junto con los altos precios de los alimentos, la mala actividad económica y la reducción de la producción agrícola debido a las condiciones climáticas extremas".

Los países en los que más de un millón de personas sufren una grave crisis alimentaria en la región son: Colombia, Guatemala, Haití, Honduras y República Dominicana.

Sin embargo, la situación mejoró en países como Honduras, Guatemala o El Salvador, que experimentaron una "disminución moderada" en el número de personas que se enfrentan a altos niveles de inseguridad alimentaria; a pesar de las pérdidas localizadas de cultivos.

Los efectos de la crisis migratoria

El informe analiza de forma independiente a las poblaciones migrantes de Ecuador y Perú, que entre las dos suman más de un millón de personas afectadas por este fenómeno.

Además, el documento señala las dificultades de acceso a un empleo estable y las condiciones extremas climáticas de fenómenos como El Niño como principales motivos.

En este sentido, la GNAFC indica que Latinoamérica afronta una "importante crisis de desplazamiento" y cifra en 12 millones las personas que se han visto obligadas a emigrar "por la fuerza" en la región.

En 2023, América Latina vivió una crisis migratoria sin precedentes, con cientos de miles de migrantes que en su camino hacia la frontera de Estados Unidos se enfrentan a la extorsión, robos y violaciones; con la incertidumbre de no saber si podrán llegar a su destino, paralizados además por un aumento de las restricciones.

De una forma más superficial, el documento menciona la situación en otros países como Bolivia, Venezuela, y las poblaciones residentes en Perú y Ecuador; y coincide en que las condiciones meteorológicas extremas derivadas de fenómenos como El Niño incidieron en un leve empeoramiento de la situación.

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