La Defensoría del Pueblo reveló que entre el 1 de enero y el 31 de mayo de 2026 se han registrado 51 casos de reclutamiento forzado de menores de edad en diferentes regiones del país.
En ese sentido, esta situación es una alerta a las autoridades y organizaciones defensoras de derechos humanos.
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La entidad advirtió que el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes continúa siendo una de las principales amenazas derivadas del conflicto armado.
Por su parte, el informe de la Defensoría, el Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) concentran cada uno el 23,5 % de los casos documentados.
Asimismo, a estos grupos les siguen otras estructuras armadas ilegales que continúan ejerciendo control territorial en varias zonas del país.
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La Defensoría también identificó participación del Estado Mayor de los Bloques y Frentes, otra facción disidente de las Farc, además de organizaciones armadas presentes en regiones estratégicas para el narcotráfico y las economías ilegales.
Niños, niñas y adolescentes siguen siendo víctimas del conflicto
El organismo de control advirtió que el reclutamiento forzado continúa afectando especialmente a menores que viven en zonas rurales apartadas, comunidades indígenas y territorios donde existe una débil presencia institucional.
Allí, los grupos armados aprovechan las condiciones de vulnerabilidad para vincular a niños y adolescentes a sus estructuras.
Por otro lado, datos recientes de Unicef señalan que más de 1.200 menores fueron reclutados por grupos armados ilegales en Colombia entre 2019 y 2024.
Asimismo, la Defensoría reiteró el llamado al Estado para fortalecer las acciones de prevención, protección y atención integral a la niñez que sigue siendo victima de reclutamiento forzado en los territorios más afectados por el conflicto armado.
Asimismo, insistió en la necesidad de reforzar la presencia institucional y garantizar entornos seguros para evitar que más menores sean víctimas de este delito.
El reclutamiento forzado es considerado una grave violación a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, además según la Defensoría, uno de los impactos más severos que el conflicto armado sigue generando sobre los menores.
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