Con la instalación oficial del nuevo periodo legislativo y la elección de las mesas directivas del Senado y la Cámara, comenzó la que será la última oportunidad para que el Gobierno del presidente Gustavo Petro impulse los proyectos que aún tiene pendientes.
En medio de un contexto de fricciones entre el Congreso y el Ejecutivo, cinco reformas de alto impacto acaparan la atención en esta etapa decisiva, que se extenderá hasta junio de 2026.
Una de las prioridades será nuevamente la reforma a la salud, una iniciativa que ha enfrentado múltiples obstáculos y que aún debe superar dos debates en el Senado.
Aunque las reformas laboral y pensional ya fueron aprobadas, la transformación del sistema de salud sigue en el limbo. El presidente insiste en la necesidad de un enfoque preventivo y ha advertido que para su implementación plena se requiere del respaldo legislativo.
Las diferencias con las EPS siguen siendo uno de los puntos más sensibles en esta discusión.
Lea también: ¿Quién es el vallecaucano que fue elegido como presidente de la Cámara de Representantes?
Otra de las apuestas del Ejecutivo es la llamada ley de paz total, un proyecto con el que se busca ofrecer un marco jurídico para el sometimiento de bandas armadas que no tienen estatus político.
Esta propuesta contempla beneficios jurídicos a cambio de:
- La entrega de bienes.
- Reparación a las víctimas.
- Contribuciones a la verdad.
- El cese definitivo de actividades delictivas.
El texto fue presentado por el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, y apunta a avanzar en una estrategia integral de desmantelamiento de estructuras criminales.
También se avecina una nueva reforma tributaria, propuesta que ha generado inquietudes incluso antes de ser radicada formalmente.
El objetivo del Gobierno es recaudar cerca de 26 billones de pesos, bajo la premisa de que los nuevos impuestos recaerán sobre los grandes capitales.
Sin embargo, en un contexto electoral, el debate promete ser intenso y podría enfrentar resistencia tanto en el Congreso como en la opinión pública.
Lea también: Alerta en Cali por aumento de moquillo y parvovirus canino; hacen llamando a vacunar
Una cuarta iniciativa clave será la ley de competencias, que definirá cómo se reorganiza la distribución de recursos entre el gobierno central y las regiones.
Este ajuste en el sistema de transferencias será liderado por el Ministerio del Interior y busca avanzar hacia una mayor equidad territorial, pero su complejidad técnica y política no pasará desapercibida en el Congreso.
Finalmente, se espera la discusión de una ley de tarifas energéticas. Aunque aún no se ha anunciado cuándo será radicada, el proyecto buscaría aliviar la carga de los usuarios más vulnerables.
Entre las propuestas que se analizan está la redistribución del costo de la “opción tarifaria” y una nueva asignación de subsidios que premie el consumo responsable. Además, se contemplan cambios en la estructura de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG).
A estos cinco ejes se suman otros temas que también podrían entrar en la agenda legislativa, como la reforma al Icetex, la jurisdicción agraria, la ley de cultura, los derechos laborales y la eventual prohibición del fracking.
Todo esto, en un año donde el pulso político estará cruzado por el inicio del camino hacia las elecciones presidenciales de 2026.
Artículo relacionado
Sigue nuestras redes sociales:
