Congresistas de oposición presentaron el martes una solicitud de moción de censura ante la Cámara de Representantes contra el ministro de Defensa, Diego Molano, por el operativo militar en el municipio de Puerto Leguízamo, Putumayo, en el que fallecieron 11 personas, entre ellos civiles, presentados como miembros de las disidencias de las FARC.
"En virtud de lo establecido en el artículo 135 numeral 9 de la Constitución Política y en concordancia con el artículo 30 numeral 2 de la ley 5 de 1992, le solicitamos someter a consideración de la Plenaria de la Cámara de Representantes la siguiente proposición de MOCIÓN DE CENSURA contra el ministro de Defensa Dr. Diego Molano Aponte", dice la solicitud dirigida a la presidenta de esa instancia, Jennifer Arias.
Los congresistas indicaron que, tras las investigaciones periodísticas y testigos, en el operativo fallecieron civiles; y la participación de los militares se cuestionó en su procedimiento.
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La diputada de la coalición Lista de la Decencia María José Pizarro, senadora electa por Pacto Histórico para el período 2022-26, alertó en diálogo con W Radio que podría tratarse de "un nuevo tipo de ejecuciones extrajudiciales realizadas por las fuerzas armadas".
La congresista consideró que aunque la justicia tiene que avanzar y revelar que es lo que realmente sucedió; "lo que sí está claro es que hubo un mal procedimiento, en el que resultaron muertos civiles; y se puede hacer control político al ministro y sacar adelante la moción de censura".
Pizarro afirmó que tanto Molano como el presidente Iván Duque deben responder por lo sucedido en Putumayo.
La presidenta de la Cámara de Representantes ahora tiene 10 días para agendar el debate para la moción de censura.
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Se trata de la segunda moción de censura presentada contra Molano desde que asumió el cargo; la primera ocurrió en mayo de 2021, tras la acusación como responsable de la violencia policial en las protestas del paro nacional de ese mismo año.
Esa moción se rechazó entonces tanto por los diputados como por los senadores.
Más temprano, el jefe de la Misión de Verificación de Naciones Unidas en Colombia, Carlos Ruiz Massieu, pidió al Gobierno investigar el operativo militar en Puerto Leguízamo.
A finales de marzo, Duque anunció que en operaciones de la fuerza pública "se logró la neutralización de 11 integrantes de disidencias de las FARC; la captura de cuatro criminales más en Puerto Leguízamo, Putumayo".
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Posteriormente, la Procuraduría pidió a las Fuerzas Militares información sobre la operación ya que varias organizaciones sociales denunciaron que se trata de "falsos positivos".
Se conoce como "falsos positivos" a una política implementada durante el Gobierno de Álvaro Uribe. Mediante la cual integrantes del Ejército asesinaban campesinos para hacerlos pasar como guerrilleros y así obtener beneficios como ascensos y licencias especiales.
Las organizaciones sociales denuncian que entre los muertos se encuentran un menor de 16 años; el presidente de la Junta de Acción Comunal de la aldea El Remanso y su esposa, y el gobernador indígena del Cabildo Kichwa.
El lunes, el investigador sénior de la División para las Américas de la organización Human Rights Watch, Juan Pappier, dijo a RCN que "hay evidencia sólida que indica que murieron al menos cuatro civiles" en la operación.
Duque insistió, después de hablar del proceso de paz en la ONU, en que el operativo militar en Putumayo estuvo apegado a los derechos humanos. Además al Derecho Internacional Humanitario. (Sputnik)
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