En las últimas horas el juzgado 37 Administrativo de Bogotá condenó al Estado Colombiano por el feminicidio de Rosa Elvira Cely, ocurrido el 24 de mayo de 2012 en el Parque Nacional Enrique Olaya Herrera.
Luego de más de 11 años del brutal feminicidio de Rosa Elvira Cely, una madre soltera que vendía dulces frente al Hospital Militar de Bogotá, la justicia condenó a la Secretaría de Salud Distrital CRUE y a la Fiscalía por esos hechos.
De igual forma, la condena ordena a la Secretaría Distrital de Gobierno evitar la inclusión de argumentos discriminatorios que estereotipen a las víctimas de violencia sexual en Colombia.
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Además, la familia de Cely fue representada por DH Colombia, en el expediente que determina la responsabilidad del Estado por las omisiones de sus instituciones contra la víctima.
Por lo que, el juez ordenó que la familia de Rosa Elvira Cely fuera indemnizada con más de 1.400 millones de pesos por los daños morales y materiales que sufrieron.
La demanda que condena hoy al estado fue presentada el 22 de agosto de 2014 por la familia de Cely, en contra de la Policía, la Fiscalía y las Secretarías de Gobierno y de Salud de Bogotá, porque no habrían tomado las medidas necesarias para evitar el desenlace de esta historia.
Según la familia de la víctima, el Estado falló por no haber capturado a Javier Velasco desde 2007 a pesar de que tenía una orden de arresto; por no haber procesado a tiempo otras denuncias en su contra, y por no haberla atendido a ella adecuadamente después de la agresión.
De acuerdo a la sentencia dictada, se determinó que la Secretaría de Salud Distrital no le prestó debidamente el servicio de ambulancia a Rosa Elvira Cely, “pues el tiempo de respuesta se evidencia desproporcionado, aspecto reprochable y que incidió en el deterioro de la salud de la víctima”.
Por otro lado, el juzgado también encontró que la Fiscalía tiene responsabilidad en estos hechos, porque omitió su deber de investigar correctamente al victimario, Javier Velasco, quien tenía otras investigaciones por casos similares, permitiendo así que asesinara a Rosa Elvira Cely.
“Si la Fiscalía hubiese actuado en debida forma, atendiendo los antecedentes penales del señor Velasco y las distintas pruebas que obraban en los expedientes, aquel no hubiese estado en las calles perpetrando crímenes y, con ello, se hubiese evitado el fatídico resultado en la integridad personal de Rosa Elvira”.
También culparon como responsable al Hospital Santa Clara, hoy Subred Integrada De Servicios De Salud Centro Oriente; porque las pruebas para determinar el estado de salud de Rosa Elvira Cely no se hicieron de manera inmediata.
El Juzgado ordenó una indemnización de más de $1.300 millones. Esta es una decisión de primera instancia y cabe la posibilidad de presentar una apelación.
Un feminicidio que se pudo evitar
La noche del 24 de mayo del 2012, después de clase, Rosa Elvira salió con dos sujetos conocidos suyos de la institución donde estudiaba. Posteriormente, se fue con Javier Velasco y por esto fue responsabilizada de su propio feminicidio y revictimizada por entidades públicas.
Rosa Elvira alcanzó a hacer una llamada a emergencias y avisar que la estaban violando en el Parque Nacional; pero la policía llegó tarde y la encontró con graves heridas, hipotermia y señales de estrangulamiento.
La mujer fue brutalmente golpeada, violada y víctima de empalamiento, lo que le produjo daños irreparables en órganos internos. Murió en el hospital tras pasar cuatro días en cuidados intensivos.
Velasco había sido previamente condenado por asesinar a otra mujer y tenía una denuncia penal por abusar sexualmente de sus dos hijastras.
Es importante recordar que estos hechos generaron la creación de la ley que creó el delito de feminicidio, con la cual se castiga con penas más fuertes a todo aquel que asesine a una mujer por su misma condición de mujer.
La ley 1761 de 2015, o Ley Rosa Elvira Cely, tipifica el feminicidio como el asesinato de una mujer por ser mujer o por su identidad de género. La pena por este delito va desde los 250 meses (20 años), hasta los 600 meses (50 años). Y estableció también obligaciones a las instituciones judiciales para tratar los feminicidios, así como otras obligaciones a las instituciones para identificar y prevenir la violencia de género.
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