La sanción de siete años de prisión al menor que asesinó a Miguel Uribe Turbay el pasado 7 de junio volvió a poner sobre la mesa el debate sobre las penas para menores de edad involucrados en delitos graves. El fallo judicial generó cuestionamientos de diferentes sectores, quienes consideran que la actual normativa resulta insuficiente frente a la gravedad de casos como este.
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Actualmente, la justicia procesa a los adolescentes bajo la Ley de Infancia y Adolescencia 1098 de 2006. Esta, establece sanciones que no superan los ocho años de privación de la libertad, incluso en situaciones de homicidio. Sin embargo, voces críticas señalan que las estructuras criminales aprovechan este marco legal para reclutar menores, conscientes de que las sanciones son mucho más bajas que las que enfrentaría un adulto por los mismos delitos.
Proyecto de ley en el Congreso
En medio de la controversia, la representante a la Cámara por el Partido Liberal, Piedad Correal, lidera un proyecto de ley que busca modificar este panorama. La iniciativa propone juzgar a los adolescentes responsables de crímenes como homicidios bajo el Código Penal (Ley 599), que establece sanciones desde 17 años de cárcel.
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Correal explicó que el sistema judicial aplicó correctamente la ley en el caso de Miguel Uribe, pero la pena impuesta evidencia una insuficiencia en la normativa actual.
“No, el sistema no está fallando, el sistema se aplicó al menor lo que dice la ley, lo que lo que demuestra es que es insuficiente”
El proyecto ya fue radicado en la Cámara de Representantes. Según la parlamentaria, ha recibido respaldo de varios partidos como Liberal, Conservador, Cambio Radical, Centro Democrático e incluso algunos integrantes del Partido Verde.
“El 21 lo presenté y recogí unas firmas allí y yo vi una receptividad total de muchos partidos”.
Debate abierto en la sociedad
El caso ha reavivado la discusión sobre el alcance de la responsabilidad penal de los adolescentes cuando sus acciones generan consecuencias irreparables. Para muchos ciudadanos, el reproche social es evidente frente a la corta sanción que enfrentará el joven implicado.
El debate sobre si las sanciones deben ajustarse o mantenerse como están continúa abierto. Lo cierto es que la iniciativa legislativa pone sobre la mesa un dilema de fondo: cómo garantizar justicia para las víctimas y, al mismo tiempo, respetar los derechos de los adolescentes en conflicto con la ley. Por ahora, el país sigue dividido mientras el Congreso decide si las penas para menores deben replantearse en casos de delitos graves.
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