La Oficina de Naciones Unidas (ONU) en Colombia para los Derechos Humanos informó este lunes que en el primer trimestre de este año recibió 43 denuncias de asesinatos de líderes sociales en el país, casi los mismos que en todo el primer semestre de 2023.

“Desde el 1 de enero al 31 de marzo de 2024, la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos conoció 43 alegaciones de homicidios de personas defensoras. De estas hay 1 caso verificado, 39 casos están en proceso de verificación y 3 casos son no concluyentes”.

Detalló el organismo en un informe.

Se trata de un aumento notable de los homicidios, pues en solo tres meses se han registrado casi los mismos casos que en los seis primeros meses de 2023, cuando esta oficina de la ONU verificó 46 asesinatos de personas defensoras de derechos humanos.

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El único caso que logró verificar fue el ocurrido en la localidad de Tame, que hace parte del departamento de Arauca, fronterizo con Venezuela; al considerar que el homicidio está vinculado con su labor para defender los Derechos Humanos.

De acuerdo con la información, la gran mayoría de los casos corresponden a líderes campesinos (30 %) y particularmente que además ejercían su labor en Juntas de Acción Comunal (19 %).

De acuerdo con las denuncias, el mayor número de asesinatos que están en proceso de verificación, ocurrieron en el convulso departamento del Cauca (suroeste) en donde hubo nueve.

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Le siguieron Antioquia, con seis; Valle del Cauca y Putumayo, con cuatro y Arauca con tres.

Colombia es uno de los países más peligrosos para ejercer una labor de defensa de los derechos humanos o el medioambiente.

Según la Defensoría del Pueblo, en 2023 fueron asesinados 181 líderes, lideresas y personas defensoras de derechos humanos. Del total, 160 eran hombres y 21, mujeres.

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El Registro de Números Excluidos (RNE) es una plataforma administrada por la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC); donde los usuarios actualmente pueden realizar la inscripción de su número de teléfono móvil para evitar la recepción de mensajes cortos de texto (SMS) con fines publicitarios o comerciales. 

De conformidad con lo establecido en la Ley 2300 de 2023, más conocida como la ley “Dejen de Fregar”, a partir del 10 de abril; este Registro (RNE) deberá permitir a los consumidores elegir no solo si desea excluirse de la recepción de mensajes de texto (SMS); sino también de otros medios de contacto como los mensajes por aplicaciones o web, correos electrónicos y llamadas telefónicas de carácter comercial o publicitario.

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Para esto, los ciudadanos deberán realizar el registro indicando los canales que sí quieren autorizar y los que no, para ser contactados por las empresas. 

Con la actualización del Registro, tal y como lo fijó la mencionada Ley; los productores o proveedores de bienes y servicios están obligados a consultar el RNE para evitar contactar a los consumidores que se encuentren registrados en él.

Por lo anterior, desde el pasado 3 de abril, la CRC habilitó la plataforma para que las empresas puedan realizar la inscripción para poder acceder a la consulta a partir del 10 de abril. 

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“Invitamos a los productores y proveedores de bienes y servicios para que desde el 3 de abril realicen su registro en la plataforma, indispensable para que puedan acceder a la consulta que estará disponible desde el 10 de abril”.

Explicó Lina María Duque Del Vecchio, Comisionada y Directora Ejecutiva de la CRC.

Además, también añadió que “es importante recordar que la obligación de abstenerse a contactar al consumidor es exclusivamente de las empresas por lo que, en caso de ser contactados a pesar de estar registrados, los consumidores deberán denunciar su caso ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), quien realizará las investigaciones correspondientes”.

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El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, anunció este lunes que endurecerá las medidas para enfrentar la crisis que vive la ciudad por la sequía de los embalses, por lo cual se impondrán sanciones a quienes despilfarren agua en la capital colombiana en medio del racionamiento.

“Se estableció que quien consuma más del doble del consumo básico de subsistencia, se le puede cobrar más”.

Expresó Galán.

En una rueda de prensa precisó que ese consumo básico es de 11 metros cúbicos al mes. Agregó que “esta medida no incluye” inquilinatos que atienden adultos mayores ni “hogares comunitarios de bienestar”, entre otros.

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Las nuevas medidas se suman al racionamiento que empezó el jueves pasado y fue ordenado por la Alcaldía de Bogotá ante los bajos niveles que tienen los embalses que abastecen a la ciudad, debido a la sequía agravada por el fenómeno de El Niño.

Debido a la escasez de lluvias, agravada por el fenómeno de El Niño, los embalses del sistema Chingaza, principal proveedor de agua de Bogotá, están en niveles críticos.

“Con corte al 14 de abril, el nivel de los embalses del Sistema Chingaza era de 15,76 %. La meta de abril es llegar al 20 %”.

Añadió el alcalde.

Galán también explicó que el consumo se mantiene por debajo del promedio normal de la ciudad y que el domingo fue de 16,01 metros cúbicos por segundo.

La meta de las autoridades es bajar a 15 metros cúbicos por segundo.

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Por otra parte, las autoridades también van a “buscar posibles infractores” que despilfarren agua en la ciudad, a quienes les impondrán multas de hasta 700.000 pesos (unos 179 dólares) y si son reincidentes de 1,2 millones de pesos (cerca de 310 dólares).

“Vamos a empezar a imponer multas por acciones irresponsables que lleven al despilfarro de agua en Bogotá, como el lavado de vehículos (...) en vía pública, también temas que tienen que ver con arrojar desperdicios en cuerpos de agua en la ciudad”.

Precisó Galán.

El Gobierno colombiano también ha alertado sobre la necesidad de ahorrar agua en todo el país ya que la sequía por El Niño ha reducido drásticamente el nivel de los embalses, lo que compromete no solo el abastecimiento de agua sino también la generación de energía eléctrica, porque la matriz energética colombiana en su mayor parte es hidroeléctrica.

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