El Parque Nacional de Bogotá completa cuatro días cerrado al público debido a la instalación de vallas metálicas por parte del Distrito, tras el retorno de comunidades indígenas al lugar.
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Se trata de más de 500 personas, en su mayoría pertenecientes a la etnia Embera, que han levantado un campamento en el campo del parque para exigir mejores condiciones de vida. Aproximadamente la mitad son niños.
De acuerdo con cifras de la Alcaldía, entre los asentados hay 220 menores de edad, 14 mujeres embarazadas, 30 lactantes y al menos cuatro personas con enfermedades crónicas.
"Lo que más nos preocupa son las personas que pernoctan, porque evidentemente este no es un lugar en donde se pueda pernoctar en condiciones adecuadas para las niñas y los niños"
dijo a EFE el secretario de Gobierno de Bogotá, Gustavo Quintero.
La mayoría proviene de la Unidad de Protección Integral (UPI) La Rioja, ubicada en Bogotá, donde han permanecido durante cerca de cuatro años a la espera de un proceso de reubicación.
¿Cuál es el panorama?
No es la primera vez que esta comunidad llega al Parque Nacional. En 2021, unos 800 indígenas también se asentaron allí en protesta por las condiciones de los albergues temporales. Entre sus principales peticiones se encuentra el retorno a sus territorios en Chocó y Risaralda, los cuales han sido afectados por el conflicto armado.
En julio de 2024, un grupo de ellos logró regresar a sus lugares de origen. Sin embargo, el actual secretario de Gobierno, Gustavo Quintero, aclaró que los indígenas que permanecen hoy en el parque son otros. Según el funcionario, aún no han definido si desean permanecer en Bogotá, ser reubicados en otro lugar o retornar a sus tierras.
"Ellos deben decirle a la Unidad de Víctimas si quieren regresar a su territorio, reubicarse en uno distinto o quedarse en Bogotá, pero en este momento todavía no han hecho esa declaración"
dijo a EFE el secretario de Gobierno de Bogotá, Gustavo Quintero.
Actualmente, madres de 35 niños han accedido al proceso de escolarización y la Alcaldía ha dispuesto un bus para su transporte diario.
A diferencia de ocasiones anteriores, esta vez el acceso al parque está restringido exclusivamente para miembros de la comunidad indígena.
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El campamento, instalado como una medida de presión, ha generado preocupación por la situación de salud, seguridad alimentaria y acceso a derechos fundamentales, especialmente de los niños y niñas.
Las autoridades locales adelantan diagnósticos para identificar las necesidades urgentes de las familias y definir rutas institucionales que respeten sus decisiones.
Este proceso se desarrollará mediante mesas de diálogo con tres líderes de la comunidad, dos hombres y una mujer, según informó el secretario Quintero.
A pesar del avance en las conversaciones, persiste la tensión entre la protección de los derechos de las comunidades indígenas y la gestión del espacio público por parte del Distrito.
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