El debate sobre la vivienda VIS y sus precios, se intensificó tras el borrador de decreto con el que el Gobierno busca fijar el valor de la Vivienda de Interés Social (VIS) en pesos colombianos y prohibir su indexación al salario mínimo.
La Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol) expresó su preocupación por los posibles efectos jurídicos, financieros y de acceso que tendría esta medida para el sector y para los hogares.
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Según el gremio, el proyecto genera dudas sobre las facultades del Ejecutivo para intervenir directamente el mercado de vivienda y modifica reglas que han permitido la viabilidad de los proyectos VIS durante años. Así lo manifestó Guillermo Herrera, presidente ejecutivo de Camacol, al advertir que
“El proyecto genera serias dudas sobre las facultades legales del Ejecutivo para intervenir de manera directa el mercado de vivienda y altera reglas clave que dan viabilidad a los proyectos VIS”.
Control de precios y efectos jurídicos
Para Camacol, la iniciativa introduce un control artificial de precios y desconoce el marco legal vigente, que actualmente permite fijar el valor de la vivienda en pesos o en salarios mínimos, estableciendo como referencia el precio vigente al momento de la escrituración.
El gremio recordó que el desarrollo de proyectos VIS implica procesos de planeación, preventa, construcción y entrega que pueden extenderse entre cuatro y cinco años.
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Durante ese tiempo, se presentan variaciones en costos de materiales, tasas de interés y regulaciones. En ese sentido, Herrera explicó que:
“Su desarrollo implica procesos de planeación, preventa, construcción y entrega que pueden extenderse entre cuatro y cinco años. Durante ese tiempo se presentan variaciones en costos, materiales, tasas de interés y regulaciones, que obligan a ajustes razonables en los precios futuros para preservar la sostenibilidad de los proyectos”.
En la rueda de prensa se afirmó que el Gobierno estaría intentando imponer, de forma indirecta, un control de precios sobre la vivienda en Colombia. Según lo expuesto, aunque desde el Ejecutivo se niegue esta intención mediante comunicados oficiales, las decisiones recientes demostrarían lo contrario y se estarían tomando de manera improvisada e incluso ilegal. Desde esta postura se insistió en que este tipo de medidas romperían con el principio de la economía de mercado que rige en el país, subrayando que Colombia no funciona bajo un modelo de control estatal de precios.
Impacto en la adquisición de vivienda en Colombia
Asimismo, se advirtió que el debate no solo debe centrarse en los efectos para el sector empresarial, sino especialmente en el impacto que estas decisiones podrían tener sobre las familias que buscan adquirir vivienda. En ese sentido, se señaló que, paradójicamente, las consecuencias de estas medidas terminarían afectando negativamente la misma política de vivienda que el Gobierno dice querer fortalecer.
En la rueda de prensa se afirmó que el Gobierno estaría intentando imponer, de forma indirecta, un control de precios sobre la vivienda en Colombia. Según lo expuesto, aunque desde el Ejecutivo se niegue esta intención mediante comunicados oficiales, las decisiones recientes demostrarían lo contrario y se estarían tomando de manera improvisada e incluso ilegal. Desde esta postura se insistió en que este tipo de medidas romperían con el principio de la economía de mercado que rige en el país, subrayando que Colombia no funciona bajo un modelo de control estatal de precios.
Asimismo, se advirtió que el debate no solo debe centrarse en los efectos para el sector empresarial, sino especialmente en el impacto que estas decisiones podrían tener sobre las familias que buscan adquirir vivienda. En ese sentido, se señaló que, paradójicamente, las consecuencias de estas medidas terminarían afectando negativamente la misma política de vivienda que el Gobierno dice querer fortalecer.
Impacto en subsidios, crédito y oferta futura
Camacol advirtió que fijar el precio definitivo desde las etapas iniciales del negocio podría afectar el acceso a subsidios de cajas de compensación y entidades territoriales, así como a créditos hipotecarios y tasas preferenciales, que se calculan con base en el valor de la vivienda al momento de la escrituración.
Además, recordó que esta discusión se da en un contexto de presión sobre los costos del sector, tras el incremento del 23 % del salario mínimo, que podría elevar entre 10 y 15 % los costos de construcción.
El gremio también alertó que el control de precios en la VIS es “altamente nocivo” y puede afectar la viabilidad de nuevos proyectos, especialmente aquellos que aún no han iniciado o se encuentran en ejecución.
Finalmente, Herrera hizo un llamado a revisar la propuesta de manera técnica y responsable, al señalar que
“Nuestra prioridad no es la confrontación política, sino acompañar a los compradores para que puedan acceder a vivienda propia”.
En conclusión, Camacol considera que intervenir de esta forma la vivienda VIS y sus precios podría reducir la oferta futura, afectar el acceso a vivienda formal y trasladar la presión al mercado de arriendo, con efectos negativos para miles de hogares en el país.
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