El anuncio del presidente Gustavo Petro sobre el aumento del 23,7 % del salario mínimo, que lo ubicará en dos millones de pesos incluyendo el auxilio de transporte, continúa generando repercusiones en distintos sectores del país. En esta ocasión, las reacciones provienen del sector de la vivienda.
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Ante este panorama, La Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol) se pronunció a través de un comunicado en el que se manifestó preocupación por la decisión “decretada de manera unilateral” por el Ejecutivo.
Según la entidad, el incremento del salario mínimo para el 2026 “carece de sustento técnico suficiente, rompe el principio de concertación social y genera riesgos significativos para el empleo formal, la estabilidad de precios y la asequibilidad de la vivienda en Colombia“.
“El aumento, claramente desalineado de la inflación y de la evolución de la productividad, introduce presiones inflacionarias adicionales en la economía, dado que el salario mínimo opera como variable de indexación para múltiples componentes: tarifas, servicios, sanciones, costos de seguridad social y salud y, de manera particularmente sensible, el precio de la vivienda de interés social (VIS)”.
Camacol advirtió que esto podría llevar a un incremento estimado de un 10 % en los precios de la vivienda nueva en el país, que empezarían a ver reflejados los colombianos de manera inmediata.
“El incremento del salario mínimo eleva de forma directa los costos de construcción, tanto por el mayor valor de la mano de obra —que representa cerca del 25% de los costos directos— como por sus efectos indirectos sobre insumos, transporte y servicios asociados”.
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Camacol habla sobre el incremento en los costos
De acuerdo con estimaciones preliminares de la entidad, dicho choque de costos podría generar un incremento cercano al 4% en los costos totales de construcción, presión que, inevitablemente, “termina trasladándose al precio final de la vivienda, en un momento en el que el país requiere medidas que faciliten, y no restrinjan, el acceso de los hogares a una vivienda formal”.
El efecto será más significativo para las familias que aspiran a comprar una vivienda de interés social (VIS) o de interés prioritario (VIP), ya que en estos casos se requiere la combinación de ahorros, subsidios y créditos para materializar el objetivo de acceder a una casa propia.
“Dado que el precio de la Vivienda de Interés Social está definido en salarios mínimos, este ajuste eleva automáticamente los precios máximos de la VIS, deteriorando su asequibilidad y expulsando del mercado a miles de hogares, en particular familias independientes, informales o con ingresos variables”.
Camacol enfatiza que el salario mínimo no debe asumirse como el único mecanismo de política social. De igual forma, indicó que la protección del ingreso y la disminución de la pobreza requieren una estrategia integral que incluya crecimiento económico, mayor productividad, generación de empleo formal, transferencias focalizadas y políticas de vivienda que amplíen el acceso de las familias a una solución habitacional digna, en lugar de limitarlo.
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