Afrodescendientes del norte del Cauca siguen manifestándose frente a acuerdos que el Gobierno les ha incumplido. Hoy se espera que haya una reunión con delegados. Estas son algunas de las peticiones de dicha comunidad.
Afrodescendientes del norte del Cauca siguen manifestándose frente a acuerdos que el Gobierno les ha incumplido. Hoy se espera que haya una reunión con delegados. Estas son algunas de las peticiones de dicha comunidad.
El proceso de empalme e implementación del nuevo sistema tendrá una duración de dos años.
El sistema utilizado en Colombia para identificar a las personas que pueden acceder a programas sociales tendrá una transformación importante a partir del 1 de julio de 2026. El tradicional Sisbén comenzará una etapa de transición hacia el Registro Universal de Ingresos (RUI), una nueva herramienta que busca mejorar la forma en la que el Estado clasifica las condiciones económicas de los hogares y asigna los subsidios.
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El cambio no significa la desaparición inmediata del Sisbén ni la suspensión automática de las ayudas que reciben millones de colombianos. La implementación del nuevo modelo será gradual y contempla un periodo de transición de aproximadamente dos años, durante el cual las entidades encargadas podrán analizar los resultados. Además de realizar ajustes y garantizar que los programas sociales continúen funcionando.
Una de las principales modificaciones será la manera en la que se obtiene la información de los hogares. Mientras el Sisbén actual depende principalmente de encuestas y datos suministrados por las familias, el RUI utilizará información proveniente de registros administrativos de diferentes entidades del Estado.
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El nuevo sistema incorporará datos de alrededor de 47 entidades públicas. Entre ellas organismos como la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), la Registraduría Nacional y otras instituciones que manejan información económica, laboral y social de los ciudadanos.
El objetivo es contar con una medición más actualizada de los ingresos y condiciones de vida de cada hogar.
Con este mecanismo, el Gobierno busca reducir errores en la clasificación de beneficiarios y lograr que los recursos destinados a programas sociales lleguen a las personas que realmente los necesitan. La información permitirá identificar cambios en los ingresos familiares y actualizar la situación económica de los hogares de manera más dinámica.
Una de las principales dudas entre los ciudadanos es si el cambio implicará la pérdida de ayudas como transferencias monetarias, programas de educación, salud o beneficios para población vulnerable.
Las autoridades han señalado que la transición no significa el ingreso o salida inmediata de beneficiarios de los programas sociales. Durante el proceso se realizarán evaluaciones para determinar cómo impacta la nueva clasificación y se harán los ajustes necesarios antes de la aplicación completa del modelo.
Ahora bien, dentro de la transición que durará dos años, el RUI cambia el enfoque de las clasificaciones alfabéticas (grupos A, B, C, D) para enfocarse directamente en el ordenamiento por ingresos reales.
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El candidato plantea una estrategia integral para el Pacífico colombiano que incluye acceso al agua potable, desarrollo de vías terciarias, fortalecimiento de la educación superior, impulso a la innovación y programas orientados a cerrar las brechas sociales en territorios históricamente excluidos.
Más oportunidades para los jóvenes, la ampliación de cupos en las universidades públicas, el fortalecimiento de los programas dirigidos a los adultos mayores y una estrategia integral para mejorar la seguridad en el suroccidente colombiano hacen parte de las propuestas que Iván Cepeda plantea para esta región del país.
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“El principal eje de política durante los próximos cuatro años, en nuestro segundo gobierno progresista, va a ser el avance en la eliminación de la pobreza y la superación de la desigualdad social. Ese va a ser el centro de nuestras preocupaciones y, por supuesto, estará conectado con las demás políticas tanto del gobierno como del Estado”.
Iván Cepeda, candidato a la presidencia de la República.
Con uno de los respaldos más significativos obtenidos en la primera vuelta presidencial, el Valle del Cauca se perfila como un territorio clave para el candidato, que ahora busca fortalecer e incrementar ese caudal electoral de cara a la jornada del próximo domingo 21 de junio.
“Nosotros creemos que se debe promover, como lo ha hecho el primer gobierno progresista del Pacto Histórico, una economía productiva, diversificada, socialmente incluyente. Si ustedes quieren, esas tres características son las que definen lo que esperamos y queremos construir en los próximos años o seguir fortaleciendo”.
Iván Cepeda, candidato a la presidencia de la República.
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A lo largo de la campaña, Iván Cepeda realizó cuatro visitas a Cali, escenario en el que se reunió con líderes sociales, jóvenes, empresarios y representantes de distintos sectores de la sociedad civil para presentar sus propuestas y escuchar sus inquietudes.
“No se trata de crear simplemente unas rentas que se entregan mensualmente o bimestralmente a las personas y se crean clientelas o se crean personas que simplemente reciben esos apoyos y ya. Por el contrario, repito, son programas que buscan fortalecer tejido social, asociatividad y productividad”.
Iván Cepeda, candidato a la presidencia de la República.
El candidato aseguró que, de llegar a la Presidencia, impulsará una estrategia integral para fortalecer la presencia institucional en el Pacífico colombiano, una de las regiones que considera históricamente rezagadas en materia de inversión y desarrollo. Sus propuestas se centran en mejorar el acceso a servicios básicos, ampliar las oportunidades educativas, fortalecer la infraestructura y promover el desarrollo económico con enfoque territorial.
Entre sus principales iniciativas figura la priorización del acceso al agua potable mediante la culminación y puesta en funcionamiento del acueducto de Tumaco, así como el impulso a soluciones para los sistemas de acueducto de Buenaventura y Quibdó.
Según ha señalado, el Estado debe garantizar este servicio esencial en territorios que han enfrentado durante décadas déficits de infraestructura.
En materia de conectividad, plantea desarrollar el Plan Nacional de Vías Terciarias, conocido como “Vías para la Paz”, con el objetivo de mejorar la movilidad en las zonas rurales del Cauca y otras regiones apartadas mediante obras de infraestructura vial apoyadas por ingeniería, maquinaria y participación comunitaria.
La educación superior y la innovación también ocupan un lugar central en sus propuestas. El candidato plantea fortalecer la capacidad científica y biotecnológica del Pacífico, promover la investigación asociada a los recursos marinos y terrestres de la región y recuperar la Universidad del Pacífico como un centro estratégico de conocimiento para el litoral.
Su programa incluye además una agenda social enfocada en el reconocimiento de las comunidades afrodescendientes, con mayores inversiones en territorios históricamente excluidos, fortalecimiento de la educación con enfoque étnico y acciones orientadas a combatir la discriminación racial y las brechas de desarrollo.
Para Buenaventura, propone combatir la corrupción y las redes clientelares que, según sostiene, han limitado el crecimiento del distrito. Asimismo, plantea un modelo de desarrollo portuario que priorice la generación de empleo local, la redistribución de los beneficios económicos y la protección ambiental de los territorios.
En Tumaco, sus propuestas se enfocan en potenciar sectores como la pesca, el turismo y la gastronomía, con el propósito de convertir al Pacífico en un polo de desarrollo económico y cultural. La estrategia contempla fortalecer el turismo de naturaleza y proyectar la riqueza gastronómica de la región en escenarios nacionales e internacionales.
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La Fiscalía emitió un comunicado en el que confirma que "el exmandatario será citado próximamente a rendir indagatoria" y que "inició investigación formal" a Uribe.
El expresidente Álvaro Uribe (2002-2010) afirmó este jueves que la Fiscalía lo llamó a indagatoria por las investigaciones que ese organismo lleva a cabo sobre las masacres de La Granja y El Aro, perpetradas hace 30 años en el departamento de Antioquia (noroeste) por paramilitares.
"De mis abogados: 'Fiscalía Tercera nos acaba de notificar hace un rato que lo llama a indagatoria por el tema del aro, la granja (sic)", escribió Uribe en X.
Uribe agregó que también deberá comparecer para hablar del asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle Jaramillo, perpetrado en Medellín en 1998.
La Fiscalía emitió un comunicado en el que confirma que "el exmandatario será citado próximamente a rendir indagatoria" y que "inició investigación formal" a Uribe.
El caso es por "hechos relacionados con la conformación de un grupo paramilitar en el municipio de San Roque y las masacres perpetradas en los corregimientos de El Aro y la Granja del municipio de Ituango, cuando se desempeñó como gobernador de Antioquia", cargo que ocupó entre enero de 1995 y diciembre de 1997.
"Los delitos en los que estaría involucrado son los de concierto para delinquir agravado y homicidios en persona protegida, por presuntamente facilitar y promover el accionar de esa estructura armada organizada al margen de la ley que habría utilizado como base la hacienda Guacharacas, de propiedad de la familia Uribe Vélez para la época".
Indicó la Fiscalía en un comunicado.
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La Fiscalía añadió que la investigación también hace referencia a su "posible participación (...) en las incursiones paramilitares en los corregimientos La Granja y El Aro del municipio de Ituango perpetradas entre 1996 y 1997, en las cuales se registraron múltiples homicidios, desplazamientos forzados, incendio de viviendas y hurto de ganado".
"De igual manera, la Delegada ante la Corte Suprema de Justicia dispuso la vinculación de Uribe por su presunta responsabilidad en el homicidio del defensor de derechos humanos Jesús María Valle Jaramillo, ocurrido en el año 1998".
Fiscalía.
La masacre de La Granja dejó cuatro personas asesinadas y decenas de desplazados en 1996. Un año después, grupos paramilitares cometieron la masacre de El Aro, que cobró la vida de 15 personas.
La Fiscalía ya anunció en 2015 que investigaría a Uribe por su posible implicación en la masacre de El Aro puesto que varios testigos afirmaron haber visto un helicóptero de la Gobernación de Antioquia, que realizaba vigilancia mientras los paramilitares perpetraban la masacre, y en esos años el político era el gobernador.
Jesús María Valle, entre tanto, fue un abogado defensor de los derechos humanos en una de las etapas más duras de violencia del conflicto armado colombiano y presidió el Comité Permanente de Derechos Humanos de Antioquia, pese a haber recibido varias amenazas de muerte.
El abogado fue asesinado el 27 de febrero de 1998 por sicarios de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) tras denunciar la inacción de las autoridades para evitar las dos citadas masacres.
A principios de este mes, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia confirmó la condena de 28 años y tres meses de prisión contra el ganadero Santiago Uribe, hermano del expresidente, por crear y financiar el grupo paramilitar Los doce apóstoles.
La Corte ratificó que el hermano del expresidente cometió los delitos de concierto para delinquir y homicidio, ambos agravados, al participar en la conformación de Los doce apóstoles, un grupo paramilitar que nació en Yarumal (Antioquia), y también de estar implicado en el asesinato en 1994 en esa población de un hombre identificado como Camilo Barrientos.
La defensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez, encabezada por el abogado Jaime Granados, cuestionó el llamado a indagatoria realizado por la Fiscalía General de la Nación dentro de la investigación por las masacres de El Aro y La Granja, ocurridas en 1996 y 1997, durante el periodo en que Uribe se desempeñó como gobernador de Antioquia.
Según la defensa, la decisión presenta irregularidades y tendría un trasfondo político, por lo que advirtió sobre la coincidencia de la citación con la cercanía de la jornada electoral.
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