La propuesta del presidente electo Abelardo de la Espriella de eliminar la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha abierto un intenso debate jurídico y político en Colombia. Aunque el mandatario ha reiterado que buscará desmontar el tribunal creado tras el Acuerdo de Paz con las extintas Farc, diversas entidades coinciden en que esa decisión no depende únicamente del Ejecutivo.
Cabe recordar que, la JEP fue creada mediante el Acto Legislativo 01 de 2017 como parte del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición.
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Justamente, debido a que tiene rango constitucional, su eliminación requeriría una reforma a la Constitución y no podría realizarse simplemente mediante un decreto presidencial o una decisión administrativa.

Además, el Acto Legislativo 02 de 2017 otorgó estabilidad jurídica al Acuerdo de Paz, estableciendo que las instituciones derivadas de este tienen un carácter obligatorio para el Estado colombiano durante un periodo determinado. Esto implica que cualquier modificación estructural debe surtir un trámite legislativo y respetar los controles de la Corte Constitucional.
Durante la campaña presidencial, De la Espriella calificó a la JEP como una "farsa" y aseguró que buscaría suprimirla para reducir el tamaño del Estado y reorientar el gasto público.
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¿La JEP puede dejar de existir en Colombia?
Sin embargo, un eventual Gobierno sí podría impulsar reformas legales, modificar presupuestos o proponer cambios en el funcionamiento del sistema. Pero no desaparecer el tribunal de manera unilateral.
Desde la propia Jurisdicción Especial para la Paz, su presidente, el magistrado Alejandro Ramelli, ha pedido que el debate se desarrolle con argumentos técnicos y respeto institucional. También reiteró que la entidad está dispuesta a dialogar con el Gobierno entrante sobre sus avances y desafíos.
Por ahora, el futuro de la JEP dependerá de las iniciativas que presente el nuevo Gobierno y del respaldo que puedan obtener en el Congreso. Mientras tanto, la propuesta del presidente electo Abelardo De La Espriella enfrenta importantes límites constitucionales. Y que cualquier cambio deberá respetar el marco jurídico vigente y los compromisos adquiridos por el Estado colombiano en materia de paz.










