Por: David Millán Orozco
El Estado es poco más que la manera en que nos organizamos jurídica y políticamente en una sociedad. El Estado es, como la Ciudad y la región, un producto de la sociedad que las construye; por eso el Estado, la ciudad y la región se parecen a nosotros, las personas que las construimos. Cuando construimos el Estado también damos forma a las instituciones, concertamos las normas jurídicas y reconocemos a las autoridades encargadas de la regulación y el control sobre los comportamientos públicos de todos los ciudadanos.
Con el Estado damos forma a una autoridad que se sitúa por encima de la voluntad de cada individuo o grupo de particulares, y para que ésta funcione debe poder cumplir dos requisitos básicos:
- Disfrutar del reconocimiento de los ciudadanos
- Tener capacidad de orientación y de coerción para el bien de la sociedad en su conjunto.
En nuestro país avanzamos en la construcción de un Estado moderno desde hace poco más de doscientos años. No obstante, nuestro Estado, sus instituciones y funcionarios, no siempre cumplen cabalmente el ejercicio de la autoridad, porque bien puede no llenarse uno o los dos requisitos establecidos. Esta situación de vacío de autoridad se presenta según la manera como se administre un Estado, pues bien puede ser que éste sirva a los intereses del bien común -es decir de toda la población- o bien a los intereses de algunos grupos particulares, que se encuentran mejor posicionados frente a las decisiones de los gobernantes.
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Cuando los gobiernos administran el Estado favoreciendo a una parte privilegiada de la población, dejando por fuera la mayoría de los ciudadanos, o cuando no se está en capacidad de llegar a todos los rincones del país con los servicios sociales que esperan las comunidades o, lo que es más preocupante, cuando no se ejerce control territorial sobre algunas zonas, es bastante posible que se presente suplantación de la autoridad. Y esto se presenta en toda la República de Colombia o en algunas de sus entidades territoriales, como en el Distrito de Santiago de Cali.
Si la autoridad no se ejerce por parte de las entidades representativas del Estado y sus funcionarios, por las razones que sea, siempre surgirán nuevas autoridades informales que llenen el vacío que el Estado deja. Y cuando la autoridad del Estado es suplantada por actores irregulares en algunos territorios, se está poniendo en cuestión la misma esencia del Estado.
Eso ha sucedido cuando grupos al margen de la ley ejercen autoridad armada sobre vastos territorios del país durante algún tiempo -incluso décadas- u ocasionalmente en nuestra ciudad, como sucedió recientemente con el falso guarda de tránsito que usurpaba las insignias y la autoridad de la secretaría Distrital de Movilidad. Pero esta situación se torna más preocupante cuando la suplantación de la autoridad se consolida y se hace permanente en algunas zonas de la ciudad por parte de actores que ejercen control sobre, por ejemplo, el espacio público y el transporte de pasajeros. Y lo más lamentable, es que en ocasiones se hace con la connivencia de la misma autoridad estatal, configurándose una omisión en la función pública y la apropiación de unas competencias por parte de particulares avezados.
También se da el caso de algunos guardas privados de seguridad, que son instruidos por sus superiores o sus contratantes para que ejerzan autoridad sobre el espacio público. Para la muestra, algunos botones; el de la institución prestadora de servicios de salud en el sur de la ciudad, que ejerce control sobre el entorno próximo exterior de su edificación; o el centro comercial en el norte de Cali que, bajo la excusa de haber adoptado un espacio público que sirve de tránsito entre sus dos edificaciones, impide el normal desarrollo de actividades propias del espacio público regulado por las autoridades legalmente constituidas. O lo que es más lamentable, el rol de un ciudadano particular motorizado que suplanta a la policía en cualquier parque, solicitando identificación a los transeúntes bajo el prurito de regular las actividades que ahí se realizan.
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Día por día algunas personas buscan rentabilizar del desorden; del problema no resuelto, del proyecto no realizado, del espacio no controlado, de la asistencia no brindada, del trámite complicado, y así, de tantas situaciones en que el Estado no ejerce autoridad por omisión de una de sus funciones esenciales. Estos son comportamientos bastante naturalizados en Cali, y pasan casi desapercibidos para la mayoría de los ciudadanos que no advierten la gravedad de la situación, que acaba por ser legitimada en el imaginario del habitante urbano, tan agobiado por la vida cotidiana.
Aunque en general la sociedad colombiana, y en especial la ciudadanía de Santiago de Cali, tiene una valoración bastante cuestionable sobre el papel que cumplen las instituciones del Estado, y ello se deba en parte al desentendimiento de nuestras obligaciones como ciudadanos, aún estamos a tiempo de sobreponernos a los comportamientos irregulares e ilegales de algunos habitantes que actúan de manera aislada o como grupos organizados, suplantando la autoridad que en nombre de todos debe poder ejercer el Estado. Si ante esta situación la sociedad caleña no reacciona, podríamos alcanzar grados de desorden casi inmanejables con las consecuencias que ello puede traer contra el bienestar general y las posibilidades de un mejor futuro para todos.
Por ello, antes que la suplantación de la autoridad alcance punto de no retorno, es necesario iniciar un trabajo de restitución de la autoridad estatal por los medios que el mismo Estado ha contemplado para ello; pero más importante que eso es motivar en toda la población de Cali un cambio en la percepción ciudadana sobre la autoridad, e iniciar un proceso de revaloración de la defensa del bien común. Vivir en Sociedad es también llamar la atención cuando una institución o un funcionario no cumplen o extralimitan sus funciones. Y también cuando un ciudadano suplanta a los funcionarios e instituciones, o más grave, cuando se cree dueño de unas funciones que violan los derechos colectivos o se apropia del espacio público. Vivir en sociedad es contribuir a corregir comportamientos antisociales que obviamente van en contra del bien común establecido en la Constitución y las leyes.
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En el Colectivo urbano regional creemos que es necesario enfrentar la situación con creatividad y determinación; la inteligencia colectiva deberá poder permitirnos una mejor convivencia presente y futura. Vamos a conformar un gobierno que merezca el reconocimiento de toda la ciudadanía y contribuya a la restitución de la autoridad legítimamente constituida, con la educación como base de todas las actuaciones públicas. En Cali podemos hacerlo mejor. Gracias.
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