A las afueras de la sede principal de la Nueva EPS en Cali, sobre la Avenida Sexta, se realiza una protesta contra la empresa prestadora de salud ante las continuas faltas del servicio e incumplimiento de acuerdos.
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Algunos usuarios denuncian falencias en la atención a pacientes con enfermedades huérfanas, oncológicos y en condición de discapacidad. De igual forma, otros usuarios señalan que llevan alrededor un año pidiendo la regulación para la entrega de medicamentos.
“No hay entrega plena de medicamentos, no hay atención por parte de Fundación Valle de Lili y Clínica de Occidente. Van a cerrar la Clínica Versalles y Remedios; van a seguir cerrando prestadoras porque no hay flujo de recursos adecuados para poder garantizar la prestación de servicios”
Vocera de la protesta
Grave situación financiera de la Nueva EPS
La jornada de protestas se registra luego de que la Contraloría General de la República alertara sobre una grave situación financiera y administrativa en la que se encuentra la Nueva EPS, luego de un análisis realizado desde 2022 al primer semestre de este año.
De acuerdo con el informe, las evidencias físicas, imágenes forenses y testimonios demostrarían irregularidades comprenderían cifras billonarias en las vigencias 2022, 2023, 2024 y en el primer semestre de 2025.
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Tras análisis preliminar, desde la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata generó una alerta por las presuntas irregularidades relacionadas con el incremento de anticipos, el represamiento de facturas sin auditar, el aumento de cuentas por pagar, falencias en la contratación de prestadores y deficiencias en la constitución de reservas técnicas.
En este sentido, se evidenció un incremento significativo en los anticipos pendientes por legalizar entre las vigencias 2023 y 2024, pasando de $3,4 billones a $8,6 billones, lo que equivale al 155%, variación significativa que afecta la situación financiera de la EPS.
Además, se conoció que registró un crecimiento acelerado en los anticipos pendientes por legalizar en lo corrido de la vigencia 2025, pues al corte de junio se acumulan $6,6 billones adicionales frente al total reportado durante la vigencia 2024.
Lo anterior, pasando de $8.6 billones a $15.27 billones. El organismo señaló que dicha situación “compromete la liquidez institucional y aumenta el riesgo de un posible detrimento patrimonial, especialmente aquellos que superan los 2 años por valor de $143 mil millones”.
Con corte a junio de 2025, se encontró un saldo elevado de anticipos pendientes por legalizar por $5,7 billones correspondientes a la vigencia 2024, lo que evidencia que una parte significativa de los recursos girados en ese periodo aún no han sido legalizados.
Posible riesgo en la sostenibilidad de la EPS
De igual forma, la Contraloría señaló que la entidad no aportó los soportes contractuales que den cuenta del cumplimiento de los requisitos mínimos en la celebración de acuerdos para la prestación de servicios y tecnologías en salud entre el asegurador y su red prestadora.
“La Contraloría identificó que las cuentas por pagar con corte a marzo de 2025 presentan un valor acumulado de $21.37 billones, cifra que pone en riesgo la sostenibilidad financiera de la EPS y del Sistema General de Seguridad Social en Salud, toda vez que su cobertura es de aproximadamente el 22% de la población afiliada. Se destaca que existen $10.5 billones de anticipos pendientes por legalizar y $8.7 billones en facturas pendientes por procesar”.
Indicó el ente de control.
Ante esta situación, el organismo de control señaló que la delicada situación financiera y administrativa de la Nueva EPS, “evidencia riesgos de deterioro progresivo, a pesar de la intervención de la Superintendencia Nacional de Salud”.
“El creciente endeudamiento, el aumento de anticipos no legalizados y la tardanza en el procesamiento de la facturación, constituyen señales de alerta que comprometen la sostenibilidad de la entidad y la adecuada prestación de los servicios de salud”.
Comunicado de Contraloría.
Finalmente, por estos motivos, se dio la alerta desde la Contraloría para el sector salud y se determine los procedimientos de control fiscal consecuentes; entre ellos, la determinación de responsabilidad fiscal. Además, se dará traslado en su oportunidad a las autoridades competentes en lo que atañe a las responsabilidades disciplinarias y penales.
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