En los últimos meses las autoridades de Cali han reforzado los controles sobre las conductas que deterioran el entorno urbano y ponen en riesgo la convivencia. Justamente, el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (CNSCC) establece sanciones económicas significativas para quienes incumplan las normas ambientales.
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Buscando promover un manejo responsable de los residuos y el respeto por los espacios públicos.
Entre las faltas más comunes está arrojar escombros, muebles, llantas o residuos de construcción en la vía pública, una práctica que afecta la movilidad, contamina el entorno y genera focos de inseguridad.
Por ende, este comportamiento tendrá una multa de $1.200.000, la misma que se aplicará a quienes viertan sustancias o elementos que obstruyan las redes de acueducto y alcantarillado, o a quienes realicen quemas no autorizadas.
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Más multas por arrojar residuos voluminosos u otro tipo de basura a la calle
Otra de las exigencias que continúa ganando fuerza es la separación de residuos en la fuente, es decir, clasificar correctamente lo que se desecha para facilitar su aprovechamiento.
Justamente, no hacerlo podrá costar $600.000, una medida que busca fomentar la cultura del reciclaje y reducir la carga sobre los rellenos sanitarios.
Por su parte, el transporte de escombros también estará bajo lupa: quienes contraten o faciliten su movilización en vehículos no autorizados deberán asumir multas de $600.000, mientras que trasladarlos directamente en medios no aptos tendrá una sanción de $350.000.
Basura de animales de compañía o mascotas también es multada
Las conductas relacionadas con mascotas no quedan por fuera. Omitir la recolección de las heces de los animales en el espacio público será sancionado con $150.000, una infracción frecuente que afecta la higiene, genera malos olores y puede transmitir enfermedades. Asimismo, permitir que las mascotas rompan o rieguen bolsas de basura también será penalizado.
Estas medidas buscan fortalecer la cultura ciudadana y reducir comportamientos que afectan el bienestar colectivo. Más allá de las sanciones económicas, el propósito es recordar que el cuidado del entorno es una responsabilidad compartida y que pequeñas acciones cotidianas pueden marcar una gran diferencia para la comunidad y el ambiente.
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