Como una piedra en el zapato se convirtieron a la Alcaldía el Plan Jarillón y el proyecto de renovación urbana Ciudad Paraíso, debido a una serie de tutelas que buscaban frenar el avance de las obras que pretenden entregar mejores escenarios a los caleños.

Sin duda alguna, los llamados a resolver estos problemas es la Dirección Jurídica de la administración, la cual ha estado bajo la cabeza de Carlos Humberto Sánchez en los últimos cuatro meses y quien ha tenido que lidiar al estrenar su cargo.

Sin embargo, la dos victorias en los casos con las decisiones de segunda instancia de revocar los fallos interpuestos por el abogado Rodolfo Yanguas, pusieron en la cúspide de los estrados a Sánchez, quien habló con 90minutos.co acerca del tema y demás, que envuelven actualmente a la administración desde el tema jurídico.

¿Cuál es la realidad de las tutelas interpuestas en contra de Ciudad Paraíso y el jarillón?

Eran una tutela que quería suspender el proyecto en el jarillón del río Cauca argumentando que había una violación de derechos fundamentales de las personas que se encontraban asentadas en esta zona y la administración municipal se hizo cargo del proceso, argumentando que estábamos ante el cumplimiento de un deber legal ante el fallo de un ente administrativo y que por supuesto el proyecto no estaba vulnerando derecho fundamental de nadie; todo lo contrario, lo que estábamos era protegiendo el interés general, e incluso, los derechos fundamentales de estas personas, queriendo reubicarlas y no desalojarlas.

Estuvimos obedeciendo a un censo oficial el cual construyó la misma administración municipal a través de un proyecto PJAUD y obedeciendo a un cronograma de actividades; no obstante todas estas argumentaciones que fueron presentadas en primera instancia la juez ordenó la suspensión del proyecto provisionalmente ante el convencimiento que se estaban vulnerando los derechos y no atendiendo los argumentos presentados por nosotros.

En segunda instancia la juez vuelve a suspender el proyecto y en la sentencia revocó el fallo en primera y manifestó que la suspensión en primera obedeció a un error jurídico que la hizo incurrir una personera delegada que se quedó sin poder durante este proceso, en ese orden de ideas ha quedado en firme el fallo y se via libre al seguimiento de reubicación de las personas y al proyecto del plan jarillón.

Y en cuánto a ciudad paraíso?

Ese fue otro proceso de ciudad paraíso que se desarrolla en el centro de la ciudad, ahí la juez en primera instancia también determinó la suspensión ya que consideró que se estaba vulnerando los derechos de la comunidad embera katío, algo que también es un error jurídico de la juez toda vez que ahí no se encuentra asentada ninguna comunidad; ahí lo que se encuentran son unos miembros, unas personas de esta comunidad que se han desplazado a ese lugar, pero o están asentados como cabildo.

En ese orden de ideas, la juez de segunda instancia también atendiendo los requerimientos de la administración, procedió a revocar el fallo y darle vía al proyecto, no sin antes advertir que le asiste al municipio en procura del feliz retorno de esta comunidad, junto a los demás entes de este tipo de procesos, procurar el pronto regreso de estas personas a sus lugares de origen.

Es claro que la administración gana los dos procesos, pero queda en boca de todo el mundo que se tuvo que ir hasta la última instancia, ¿por qué esperar todo ese proceso?

Son procedimientos normales de algunos jueces que no entiendes la magnitud o que definitivamente no leen los argumentos expuestos por la administración municipal y no hacen seguimiento estricto a cada uno de los procesos que con respeto a la constitución y la ley, la administración procede a ejecutar todo este tipo de proyectos y que por supuesto, debe primar el interés general sobre el particular de algunas personas que pueden tener intereses políticos o económicos.

¿Cómo qué tipo de personas?

No sé quiénes estarán detrás de obstaculizar el desarrollo de la ciudad porque a todas luces y si usted le pregunta al común de la gente en temas tan importantes como el Plan Jarillón y como Ciudad Paraíso, pues son proyectos que apuntan al desarrollo de la ciudad y del interés general, entonces a la conclusión que uno saca es que quienes se oponen a esto tendrán sus interés, pero desconozco quiénes estarán detrás de esto.

¿Uno de esos podría ser el abogado Rodolfo Yanguas?

En lo que me asiste a mí es el proceso jurídico y de apoyar los procesos de la administración municipal, no sé si su nombre tenga que ver en esto, pero en lo que me consiste a mí era defender sus tutelas.

Un personaje que les sacó canas, ¿quién termina siendo entonces Rodolfo Yanguas para la administración?

Yo insisto en que no soy juez y soy parte de un proceso como representante jurídico de la Alcaldía y no soy el llamado a hacer apreciaciones de tipo disciplinarías sobre los funcionarios e ejercicio de su profesión. No obstante, le tocará a los entes competentes iniciar las investigaciones correspondientes al respecto.

A medios usted sostenía que hay abogados que dedicaban su labor a realizar demandas contra el municipio y de eso viven, ¿es Rodolfo Yanguas uno de esos abogados?

No. Yo nunca he hecho ese tipo de aseveraciones. Yo siempre he respetado el ejercicio de la profesión como abogado de la dirección jurídica mi interés está en defender los procesos de la administración, pero por supuesto como funcionario público, y cada vez que se noten irregularidades que tengan connotaciones de tipo penal, me asiste ponerlos en conocimiento del ente competente.

¿Pero de que los hay los hay?

Yo siempre digo que ese es el ejercicio. Cada quien coge su camino jurídico que crea más conveniente o el que le produce más créditos, pero en el caso particular no puedo entrar a censurar el ejercicio de la profesión.

Usted como abogado, ¿qué tan rentable es eso de vivir de demandas al municipio?

No sé porque no me dedico a eso

¿Desde la administración, hay alguna demanda contra Rodolfo Yanguas?

En el proceso de Ciudad Paraíso se detectaron muchas irregularidades las cuales rayaron con el prevaricato y el abogado pudo haber incurrido en otras irregularidades procesales, las cuales amerita que como funcionario público, no como Carlos Humberto Sánchez, sino como funcionario público tengo que ponerlas en conocimiento de las autoridades competentes.

En ese ejercicio público tuve que interponer las demandas de carácter averiguatorio sobre ese tipo de conductas.

¿Cuáles conductas?

Estuvo la conducta del juez que es prevaricato, porque no tuvo en cuenta los argumentos jurídicos expuestos por la administración y simplemente se basó sobre aseveraciones por parte del abogado y como sabemos, los jueces están obligados a fallar en derecho y con base en unas pruebas aportadas en un proceso, las cuales en juez de primera instancia las desechó y no las tuvo en cuenta, cosa que sí hizo la de segunda instancia y se vieron los resultados.

¿Y en cuanto al abogado?

Al funcionario pudo haber provocado que el juez incurriera en un error porque los poderes que, inicialmente, la comunidad embera les había dado fueron revocados, pero posteriormente y una vez nulitado toda la acción procesal, el doctor Rodolfo Yanguas incorporó dentro del proceso otros poderes los cuales fueron aceptados por la juez, en incluso dentro de esos poderes creo que habían menores de edad los cuales no tendrían competencia para ello y pudo haber hecho incurrir al juez constitucional en un error bastante grave.

Una vez pasados los procesos, ¿cree que se debilitó la credibilidad de la Dirección Jurídica?

No veo por qué, si es el ejercicio propio de mi trabajo, de la Dirección Jurídica ya que por su puesto se sacó adelante ambos proyectos y en estos momentos siguen adelante; entonces, creo que la Dirección Jurídica sale fortalecida, pero también la Administración Municipal y el interés general de los ciudadanos

Pero también quedó la sensación, por lo menos en el Plan Jarillón, que tuvo que venir el alto Gobierno para poder las cosas claras

Pues las afirmaciones hechas por el Gobierno Nacional no fueron tenidas en cuenta ni en la acción de tutela ni en el fallo; haberse pronunciado sobre el particular y en ese mismo sentido, pienso que la juez que profirió el fallo en segunda instancia hubiese caído en un prevaricato, en ese orden e ideas la decisión de los jueces debe ser imparcial y fuera de cualquier particular, de una de las partes o, en este caso, del Gobierno Nacional.

El juez tomó la decisión bajo los argumentos y las pruebas propuestas, lo otro no incidió en nada.

Y en el tema de Ciudad Paraíso pueden seguir saliendo más barreras, ¿Cómo de qué tipo?

Insisto, mi labor es meramente jurídica y pienso que por ahora todo está en orden. Lo que vaya apareciendo tendremos que irlo resolviendo en el camino.

Cambiemos de tema, ¿Cómo va el proceso de demanda de los comerciantes contra el Mío?

Eso es un proceso que también habría mucho que decir sobre el fallo. Lo primero es que es un fallo totalmente desproporcionado, que va en contra de todos los principios legales y constitucionales y se lo voy a poner en un contexto no jurídico: simplemente en el desarrollo de una ciudad como Santiago de Cali, el cambiar el sistema de transporte, el ampliar sus vías y pensar en el desarrollo de la ciudad, impediría que con estas demandas cuantiosas que posteriormente cualquier funcionario público quisiera no quisiera actuar para con el desarrollo de la ciudad, ya que ese tipo de demandas, de llegar a prosperar y ratificarse en segunda instancia, tendríamos que entregarle las llaves de la ciudad a unos particulares.

En el fallo hay unos vicios de nulidades que estamos alegando procesalmente y resulta crítico hacer referencia a la manera tan particular como el juez de primera instancia llegó a esa indemnización tan cuantiosa.

¿Puede haber manos ocultas en este proceso?

Pues no lo sé, como digo, intereses hay detrás de todo y más cuando hay dinero. Ya lo que me compete a mí, en el fallo de segunda instancia, venimos trabajando como en los dos casos anteriores para proteger el interés público de los caleños. Ya hemos pedido el acompañamiento de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica de la nación, de la Procuraduría General de la Nación y de la Dirección de la Transparencia de la Presidencia de la República.

En el tema de las Megaobras, ¿en qué va ese proceso?

Ese tema simplemente lo que se decretó, y lo hemos expuesto con tranquilidad, es que la gente debe seguir pagando su impuesto de forma oportuna, toda vez que se decretó fue la nulidad de uno de los artículos de acto administrativo y que no afecta el desarrollo de las demás Megaobras.

¿En qué va el Coso Municipal?

No, la verdad no tengo conocimiento porque yo solo me encargo de los procesos jurídicos.

¿Cuántas demandas tiene actualmente la Dirección Jurídica de la Alcaldía?

Actualmente tenemos 3.000 demandas en contra en lo que va corrido del año. Esto es un proceso dinámico porque unos llegan, otros se van, otros están en primera o segunda instancia y están para fallo, entonces tenemos un promedio de 3.000

¿Parece que va subiendo el número de demandas por año?

Lo que hemos hecho en la Dirección Jurídica es un trabajo de depuración porque inicialmente había una cantidad de procesos que aparecían dentro de las estadísticas pero dentro de ese número habían muchos que ya estaban terminados y no se habían dado de baja.

¿Tres mil es un número promedio a nivel nacional?

Sí es un número normal, estamos dentro del promedio. Eso depende del nivel de cada ciudad, Bogotá puede llegar a tener el doble o el triple de procesos.

¿Por qué demandan los caleños? ¿Cuál es el tema que más ha llegado a su escritorio?

Lo que más se demanda son los huecos en la vía, es una situación compleja que no se vive solamente a nivel municipal sino a nivel nacional y estamos trabajando duro con eso.

¿Cuál es la demanda más alta que tiene en contra el municipio?

En este momento la demanda de los comerciantes de la carrera 1ra y la carrera 15 al Mío

¿Esa demanda es por cuánto?

Más de 650 mil millones.

¿Y la que más alta ha tenido que pagar hasta ahora?

No, por ahora no hemos tenido que superar demandas que estén dentro de lo normal porque no pasan de los 200 millones.

¿200 millones en normal?

No, lo ideal sería que no tuviéramos que pagar nada, pero dentro del ejercicio normal de la profesión es normal, solamente lo doy a título de promedio.

Y en demandas interpuestas por el municipio, ¿cuál es la más alta que tienen?

Generalmente lo que iniciamos son acciones de repetición en contra de funcionarios públicos. Eso es bastante complejo porque uno también es funcionario público y eso es a lo que estamos sometidos, entonces ese tipo de demandas uno no las pone con mucho gusto.

Ya que entró en confianza entregando datos, ¿cuál es la demanda más extraña que ha tenido que asumir en estos cuatro meses en el cargo?

Yo creo que la de una señora que se hizo una cirugía estética en una clínica de garaje y demandó al municipio porque la dejaron casi que desfigurada, entonces pretenden demandarnos por eso.

¿Cuál sería la reacción ante estos casos?

No, aquí hay una falta de legitimización en la causa porque nada tiene que ver el municipio con la decisión unilateral de una persona de asistir a un centro de estética sin que cumpla con los requerimientos legales. Lo que parece absurdo es que abogados se presten para este tipo de demandas que tienden a no prosperar.

En estos cuatro meses que tiene en el cargo, ¿cómo encontró la Dirección que le dejó Pachón?

Yo diría como la dejamos porque también trabajaba ahí. Se ha venido trabajando fuerte y se sigue trabajando en equipo y por supuesto seguimos en camino.

Pero es claro que también le quedan pocos meses en el cargo, ¿Qué no le puede pasar de aquí hasta el final?

Esto es un año político de elecciones, yo creo que lo que debe pasar es que terminemos con una gran gestión en procura del interés general y del patrimonio público, ya que es mi función.

¿Tiene algo más en la Dirección que no lo deja dormir?

A mí el trabajo no me deja dormir y es claro que a diario surgen cosas que le enredan a uno la cabeza, pero ese es el reto y para eso llego todos los días a la oficina.