Después del escándalo desatado por los supuestos contratos irregulares en Metrocali, el Alcalde de Cali, Maurice Armitage, aseguró que había pedido renuncia de la Nohora Patricia Acero involucrada en un caso de presunta corrupción durante la presidencia de Metrocali de Armando Garrido.
“En la misma junta directiva teníamos dudas, yo le pedí al doctor Garrido que la doctora Acero la desvinculara desde hace más de dos meses y la doctora Acero ya cumplió su ciclo, se tenía que ir e hizo unos contratos, no sé si estarán bien o mal hechos, eso lo dirá la autoridad, yo no me voy a poner a resolver cosas que no sé”, aseveró el Mandatario de los caleños.
Acero, quien en menos de un mes se ganó dos contratos por prestación de servicios que suman 100 millones de pesos, estaría en la lupa de las investigaciones que protagoniza la entidad de transporte público de la ciudad.
Mientras tanto, el exgerente de Metrocali, en diálogo con Caracol Radio, defendió su equipo de apoyo que se encargaron de analizar cada uno de los contratos realizados en la entidad.
Armando Garrido dijo que “yo no he condicionado específicamente a nadie una cosa sino a la necesidad de lo que yo identifique, sino a la necesidad de un equipo, un equipo que me asistiera en la gestión del día a día, y eso fue lo que se contrató mediante un esquema de contratos de prestación de servicios”.
Por su parte, el contralor de Cali, Ricardo Rivera, se refirió a las investigaciones que están realizando a algunos contratos de la empresa Metrocali y aseguró que el exgerente, Armando Garrido, fue notificado y no hubo forma de responder ante los hallazgos hechos por la Contraloría.
“Dentro de los hallazgo está la contratación a la asesora Nohora Acero, donde al entender de la contraloría de los cinco contratos que tenía ella y su empresa, dos de ellos eran de consultoría y portal motivo debieron ser convocados públicamente y no asignados de manera directa”, afirmó Rivera.
Hoy empezó a trabajar un grupo de la contraloría con facultades de Policía Judicial, cuyo propósito es determinar si las irregularidades denunciadas tienen soporte jurídico.
