El concejal Juan Martín Bravo denuncia que funcionarios de la Secretaría de Seguridad de Cali estarían pidiendo requisitos adicionales a establecimientos comerciales.
Desde hace meses, comercios de Cali han denunciado que las autoridades cierran su local al no tener los requisitos necesarios; asegurando que estos requisitos son adicciones a los establecidos. Debido a esto, muchos han sido cerrados.
Al parecer, estos requisitos adicionales no hacen parte del Artículo 87° de la Ley 1801 del 2016, en el cual se establecen los requisitos para que un establecimiento pueda laborar.
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“Hay que recordar que un comerciante debe tener registro mercantil, cumplir con el POT, uso del suelo, tema de sonorización, DACMAR, bomberos y de salud pública para poder operar”.
Juan Martín Bravo, concejal.
Según el concejal, los inspectores de la Policía están pidiendo la licencia de construcción del inmueble; la cual no está especificada en este artículo. La sentencia No. 339 del año 2007 del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, explica que ninguna autoridad puede pedir requisitos adicionales.
“Están pidiendo licencia de construcción y EIR y si los dueños de los establecimientos comerciales no tienen estos requisitos, les terminan cerrando arbitrariamente sus establecimientos”.
Juan Martín Bravo, concejal.
El concejal Bravo rechaza este hecho y pide a las autoridades que cumplan con las leyes establecidas.
“Ningún inspector de Policía puede cerrar un establecimiento de comercio por falta de licencia de construcción del inmueble donde opera. Es inaceptable que el poder del Estado se esté presuntamente usando para frenar el progreso de los empresarios y de la comunidad no solo en Cali, sino en otras ciudades del país”.
Juan Martín Bravo, concejal.
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Concejal Juan Martín Bravo interpuso una denuncia
Ante el Juzgado 12° Administrativo Oral Del Circuito De Cali, el concejal Juan Martín Bravo puso una denuncia contra la Alcaldía de Cali para que den cumplimiento estricto al Artículo 87° de la Ley 1801 del 2016.
“Lo que resulta aún más grave es que, estas presuntas actuaciones de funcionarios de la Secretaria de Seguridad y Justicia de Cali, podría generar no solo perjuicios económicos al empresariado caleño, sino, también posibles demandas contra la ciudad que afectarían sus finanzas por una avalancha de solicitud de indemnizaciones por perjuicios”.
Juan Martín Bravo, concejal.
Asimismo, explicó que esta acción viola “los derechos al trabajo, la libre competencia, la libertad económica, la libertad de empresa, entre otros derechos de los ciudadanos”.
“No podemos seguir permitiendo que los inspectores se estén extralimitando, pidiendo documentos adicionales y que esto al final se preste para Coimas”.
Juan Martín Bravo, concejal.
Por último, Juan Martín Bravo invitó a los ciudadanos “que se han visto afectados a que denuncien y se sumen a la demanda que instauramos en contra del distrito de Cali para frenar esta problemática”.
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“Hoy vemos como establecimientos como La Purga que cumplían y estaban certificados con todos los requisitos, fueron cerrados de forma arbitraria y el proceso inclusive hoy la documentación aparentemente se ha perdido y se ha borrado de los mecanismos de la alcaldía”.
Juan Martín Bravo, concejal.
También, hizo un llamado a la Fiscalía y la Procuraduría para que comiencen con las investigaciones contra los posibles requisitos extras que estarían pidiendo funcionarios de la Secretaría de Seguridad de Cali.
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