Grupos de habitantes de los barrios Jarillón y el llamado Ciudad Paraíso de Cali, marcharon este martes, por vías del oeste y centro de la ciudad hasta la Alcaldía de Cali. Según manifestaron, el objetivo de la movilización era establecer un diálogo directo con la administración local, para dar solución a las dificultades urbanísticas actuales que se presentan en dichos sectores.
“Lo que queremos es una mesa de concertación, que nos den un trato digno, lo que nosotros merecemos. Como el señor Alcalde vive dignamente, nosotros también somos colombianos y queremos vivir dignamente”, expresó Hoover Valencia, habitante del barrio La Florida.
Las aparentes dificultades en la reubicación de las familias que habitan el Jarillón y la compra de predios en el centro de Cali, por obras de ‘Ciudad Paraíso’, fueron algunas de las motivaciones para que cerca de 200 residentes de los barrios de Sucre, El Calvario, San Pascual y las zonas aledañas al río Cauca, iniciaran sus protestas desde las 8:00 a.m., exigiendo la atención de la Alcaldía.
El coordinador del Centro de Gestión de Tránsito, William Bermúdez, dijo al diario El País, que las marchas generaron colapsos en las vías de los sectores involucrados, en especial las avenidas 2 y 3 Norte y la Calle 15.
De igual manera, el servicio de transporte público, Mío, se vio fuertemente afectado por las movilizaciones, pues algunas estaciones debieron impedir el acceso de pasajeros y las rutas tuvieron que ser desviadas.
Plan Jarillón
Por su parte, gran cantidad de habitantes del sector del Jarillón se pronunciaron con pancartas y arengas haciendo alusión a las inconformidades que han surgido por “el mal manejo” del plan de reubicación. Residentes denunciaron que algunos de sus derechos están siendo vulnerados en el proceso.
“Dicen que en cualquier momento van con grúas, a tumbar nuestros ranchitos que tenemos allá en ese territorio. Con eso no estamos de acuerdo, porque el gobierno siempre trata de meterse con la violencia y hacer todo con lo malo”, manifestó Jimmy Riascos, residente de Brisas del Cauca.
Las protestas que se hicieron de manera pacífica desde la antigua estación del ferrocarril, aludían a la necesidad de los habitantes de la zona, que actualmente se encuentra en riesgo por la fuerte temporada de lluvias, de ser reubicados en viviendas dignas sin incumplimientos por parte de la Administración Municipal. Además aseguraron que no se acogerán a los bonos de arrendamiento que ofrece la Alcaldía, al parecer, por tres meses.
“Hasta ahora no nos han ofrecido nada. Que nos van a dar el auxilio de arrendamiento y después las viviendas y eso sí es mentira, porque ya le han hechos a varios compañeros lo mismo. Los han sacado de allá y nos les han dado nada”, agregó Valencia.
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Sin embargo, como respuesta a las protestas, el gerente del Plan Jarillón, Juan Diego Saa, desmintió algunas apreciaciones de los caleños que marcharon y aseguró que a pesar de que es entendible que existan inconformidades, el municipio sí está cumpliendo con lo establecido, y ha sido “generoso” en el marco legal.
“Estamos avanzando, ya tenemos 2.208 familias reasentadas, se han entregado 2.009 viviendas, más de cien compensaciones económicas por valor superior a $3.800 millones, se están entregando los subsidios de arrendamiento de acuerdo a los compromisos que ha adquirido la administración”, indicó Saa.
Además, el Gerente refutó las denuncias de la comunidad que sostenían que el proyecto no ha sido socializado, explicando que se han establecido “jornadas permanentes de atención individualizada a cada familia, para explicarle cuál es su caso, y jornadas comunitarias con los presidentes de la Junta de Acción Comunal y líderes de sectores, para explicarles cómo se va a desarrollar el proceso desde julio del año pasado”.
Ciudad Paraíso
Las reclamaciones por parte de residentes de los barrios El Calvario, San Pascual y Sucre del centro de Cali están relacionadas con la compra de los predios donde se pretende la construcción de la megaobra Ciudad Paraíso. Muchos protestantes denunciaron “el temor” que les genera que sean despojados de sus viviendas, sin poder tener los mecanismos para exigir que el gobierno los escuche y sin ningún plan de gestión social.
“Se pretende hacer un proceso de avalúo sin concertar con la comunidad. No quieren hacernos partícipes de estos procesos y quieren pasar por encima de nosotros”, afirmó Carlos Córdoba del barrio San Pascual.
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Adicionalmente, Córdoba dijo al diario El País, que las familias residentes solicitan que los avalúos sean realizados por el instituto geográfico Agustin Codazzi, debido a que “en este momento dichos avalúos los está haciendo una empresa privada que pertenece a la Lonja que es uno de los 35 inversionistas que van a realizar el proyecto”.
Ante esto, Nelson Londoño, gerente de Emru, se pronunció explicando que desde septiembre del 2016 se está llevando a cabo el proceso de socialización con la comunidad de distintas maneras.
Finalmente, ante las solicitudes por las entidades encargadas del avalúo aclaró que estos “no son realizados por la Emru, los hace un avaluador especializado y certificado por la lonja de propiedad raíz y por el Registro Nacional de Avaluadores, quienes construyen el valor a partir del mercado de la ciudad. Son valores comerciales y estamos pagando los valores justos, eso se evidencia en que todas las negociaciones hasta el momento han sido voluntarias.
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— Noticiero 90 Minutos (@Noti90Minutos) 26 de abril de 2017
