La nueva facultad de derecho, el consultorio jurídico y oficinas administrativas de Univalle será el edificio Hormaza.
El rector de Univalle, Édgar Varela, destacó este hecho y señaló que este lugar cuenta con un terreno de más de 248 metros; asimismo, un área construida de 2.762 metros distribuidos en siete niveles.
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“Nos ayudará a la presencia, por primera vez, de la universidad a 20 metros de la Plaza de Cayzedo, en el centro histórico, para que podamos acompañar muchos temas con los abogados, jueces, magistrados y la comunidad”.
Réctor de Univalle, Édgar Varela.
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Según el rector de Univalle, la meta es que el edificio esté habilitado para la ciudadanía en febrero de 2023.
Además, Varela señaló que será necesaria una evaluación con arquitectos e ingenieros sobre la estructura del edificio; aunque “no requiere profundas intervenciones para volverse a usar”.
Concejo aprobó mínimo vital de internet para estratos 1 y 2 de Cali
En segundo debate, el Concejo aprobó la ponencia del proyecto de Acuerdo 173 que define los lineamientos para promover el mínimo vital de internet para los estratos 1 y 2 de Cali y su zona rural.
El proyecto, que pasará a sanción del alcalde Jorge Iván Ospina, señala que le corresponderá a Emcali y el y Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Datic; de la Alcaldía garantizar ese mínimo vital de internet.
Los concejales Juan Martín Bravo y Alexandra Hernández Cedeño se encargaron de presentar la ponencia del proyecto.
Bravo y Hernández junto a Ana Erazo y Flower Rojas, presentaron una proposición para que tanto la Alcaldía y Emcali; desarrollen acciones que permitan aprovechar toda la infraestructura física existente en el Distrito Especial para que el servicio de internet llegue a los hogares vulnerables.
“A nivel internacional el Derecho de acceso a Internet hace parte del catálogo de derechos de las personas; encontrando regulaciones legales, jurisprudenciales, comunitarias e internacionales que propenden por garantizar de forma universal este servicio; a través de prestaciones económicas a cargo del Estado, en este caso de Emcali Eice Esp”, explicó Juan Martín Bravo.
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Alexandra Hernández dice que, en Colombia, “a pesar que existe un marco legal que regula lo relativo a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones; no existe a nivel constitucional todavía una línea clara que considere el derecho a la internet como un derecho fundamental y mucho menos de orden constitucional”.
Además, argumentó que “más sí se contempla a nivel legal el derecho de acceso a las tecnologías de la información y las comunicaciones básicas dentro de las cuales se encuentra el internet; con el fin de cumplir con el desarrollo de los derechos y libertades fundamentales consagradas en los artículos 16 (libre desarrollo de la personalidad); 20 (libertad de expresión, libertad de información) y 67 (derecho a la educación)”.
Finalmente, el concejal Bravo añadió que “el proyecto de Acuerdo, además de ser un ejemplo que copiaran otras ciudades, demanda que la Administración Distrital estudie y priorice dentro del Plan Maestro de Servicios Públicos planes y programas; que garanticen el acceso a un mínimo vital de internet a los hogares vulnerables de estratos 1, 2 y de la zona rural de Cali; permitiendo que un derecho fundamental como lo es la educación no se vuelva a ver afectado por falta de acceso al servicio”.
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