A esta hora, se presenta gran polémica a las afueras del centro comercial El Gran Comercio, ubicado en el edificio Columbus, Calle 11 con 9 en el centro de Cali al lado del Hotel Aristi, por el desalojo de 13 comerciantes que tienen actividad económica en este lugar desde hace más 20 años.
Esta diligencia está liderada por la inspectora urbana de la Policía, Patricia Corina Rojas, quien a las 9:00 de la mañana de este jueves, llegó al lugar con el respectivo equipo de desalojo, para hacer efectiva la acción, argumentando que el edificio presenta amenaza de ruina y requiere reforzamiento estructural.
Sin embargo, en este momento la Inspectora está reunida con los abogados representante de los comerciantes, ya que esta no es la primera vez que se ordena el desalojo de los vendedores y en casos anteriores han logrado anular el fallo demostrando, a través de diferentes peritajes, que el inmueble está en óptimas condiciones.
Así mismo, los comerciantes denuncian los ‘abusos’ que según ellos han tenido que soportar desde hace varios meses por parte del señor Julio Morales, propietario desde hace dos años del predio y gerente de la sociedad Germor Cali, grupo G50.
Los afectados alegan que el señor Morales empezó por construir dentro del predio sin avisarles y sin tener en cuenta las incomodidades o afecciones causadas a los 52 locales activos del centro comercial. Adicional a esto, el empresario optó por cortar el servicio de agua y energía para presionar el desalojo de los comerciantes quienes constantemente han recibido diferentes amenazas. Por estos motivos, 20 comerciantes han optado por abandonar el lugar paulatinamente.
Por lo tanto, como reacción al aviso de desalojo que fue 24 horas antes del hecho, los comerciantes están realizando un plantón a las afueras de la edificación donde han puesto pancartas y banderas tricolor, para mostrar su descontento frente a la situación que ellos consideran una injusticia.
Estas personas solicitan que no se les expulse del lugar que se ha convertido en su fuente de ingreso y acusan a dicho grupo empresarial de hacerle creer al Municipio que esta edificación tiene amenaza de ruina para poder modificarla y construir allí un centro comercial.
Antecedentes.
El pasado martes 4 de octubre, la funcionaria pública, Corina, pretendía realizar los procesos de desalojo y no lo logró debido a la solicitud de una prórroga de 30 días, no obstante, ya había aplicado la medida a un local de la parte baja del edificio el pasado 30 de agosto. Procedimiento que según Otoniel Rojas, abogado de los comerciantes, fue ilegal debido a que el fallo ya había sido anulado.
“Esto es un desacato a una orden judicial, proferida por un juez de tutela en primera instancia, que había dado como nula la querella que impuso el grupo G50 para pretender declarar el inmueble como amenaza de ruina”, aseguró el defensor.
El grupo empresarial G50, propietario de la infraestructura y del Hotel Aristi, ya había iniciado algunas obras de remodelación, con la pretensión de construir en el sitio un centro comercial. No obstante, el Ministerio de Cultura intervino suspendiéndolas, debido a que no cumplían con los requerimientos que corresponden por ser patrimonio cultural de la capital vallecaucana.
Por lo anterior, los dueños de las edificaciones, el Banco de Occidente e Importadores Mayoristas deberán pagar una sanción de $206.836.200 por cada uno de los dos predios.
Aunque las oficinas del grupo G50 también fueron desalojadas, los planes de construir allí un centro comercial siguen en pie.
