La Personería de Cali encendió las alarmas ante la posible llegada de cerca de 400 presos colombianos deportados desde Ecuador. La ciudad no tiene cómo recibirlos.
La alerta fue emitida por el personero distrital, Gerardo Mendoza Castrillón, quien aseguró que la cárcel Villahermosa ya supera el 200% de hacinamiento.
Actualmente, la penitenciaría alberga 3.769 internos, aunque su capacidad real es de 1.884. Recibir más personas, según la Personería, agravaría una crisis ya insostenible.
Las estaciones de Policía de la ciudad registran 2.013 privados de la libertad cuando su capacidad se estima en 277 para albergar reclusos.
“Cali no está en condiciones operativas, jurídicas ni logísticas para asumir el ingreso de esta población carcelaria. No hay cómo recibirlos”.
Afirmó Mendoza.
La advertencia se da luego del anuncio del Gobierno ecuatoriano sobre la deportación de más de mil colombianos detenidos en ese país. Unos 400 serían trasladados a la capital vallecaucana.
Además de Villahermosa, las estaciones de Policía de Cali registran un hacinamiento superior al 800 %, funcionando como centros de reclusión temporal para sindicados.
Las autoridades temen que la llegada masiva de nuevos internos empeore las condiciones sanitarias, de seguridad y derechos humanos en los centros penitenciarios del distrito.
“El sistema penitenciario local está colapsado. Cali no puede afrontar sola este desafío social”.
Insistió el Personero.
Una de las situaciones críticas se está presentando en la estación de Policía del barrio El Caney, en donde se alberga mujeres, y cuanta con una capacidad para nueve personas. Hoy, en el lugar, se encuentran más de 100 mujeres hacinadas.
“Más de 100 mujeres allí Hacinadas, con ausencia de oxígeno, con fogaje por las altas temperaturas que hay en Cali (...) nos invita a intervenir como organismo garante de los derechos de las personas"
Expuso el caso el personero.
En un comunicado, la Personería hizo un llamado urgente al Gobierno Nacional, a la Cancillería y al Ministerio de Justicia para que tomen medidas inmediatas y eviten una crisis humanitaria.
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Además, recordó que el eventual ingreso de los privados de la libertad deportados debe hacerse garantizando condiciones legales claras y protocolos sanitarios.
La situación, aseguran, no solo afecta la institucionalidad, sino que pone en riesgo derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad.
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