A través de un comunicado de prensa emitido por la oficina de comunicaciones de la Alcaldía de Cali, se conoció la renuncia del Alto Consejero para la Seguridad de Cali, Juan Pablo Paredes Campo.
Según el comunicado, el funcionario aseguró que “su decisión se fundamenta en razones estrictamente personales que no le permiten continuar al frente de la Alta Consejería para la Seguridad con la dedicación que este cargo amerita”.
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En su remplazo , Pablo Uribe Murillo, subsecretario de la Política de Seguridad de Cali, se encargaría de las funciones y la vocería de los temas de la Alta Consejería para la Seguridad de Cali.
Por su parte, el alcalde de Cali, Maurice Armitage indicó que respeta la decisión del ex funcionario, que estuvo vinculado a la Administración Municipal desde el 2 de mayo de 2017, como secretario de Seguridad y Justicia, y desde el 1 de septiembre de 2017, como Alto Consejero para la Seguridad de la ciudad.
Paredes Campo contribuyó en el progreso de Cali en objetivos importantes como el logro de la cifra de homicidios más baja de los últimos 25 años. Además, articuló un plan para alejar la violencia y el vandalismo del Estadio Olímpico Pascual Guerrero, lo que convirtió a Cali en un referente nacional e internacional de fútbol en paz.
Cabe anotar que el ex funcionario es ingeniero industrial de la Universidad Javeriana. Es especialista en Administración de la Seguridad de la Universidad Militar Nueva Granada y posee títulos en alto estudios de gestión de seguridad de la Universidad de Georgetown, en Washington D.C.
¿Cómo le fue a Cali en el tema de seguridad en el 2017?
Según cifras de la Alcaldía, este 2017 hubo una reducción de los homicidios en un 5,46 por ciento frente al 2016. Es decir, 71 casos menos para un total de 1.220. Sin embargo, esta cantidad es diferente que el del informe de Medicina Legal, que informó que hubo 1.190 homicidios.
La entidad forense precisó que la ciudad es la más violenta del Valle, pues acumula el 52 por ciento de las muertes violentas de la región. Además, los datos revelan un promedio de 51,2 asesinatos por cada 100 mil habitantes. Este es el registro más alto a nivel nacional.
No obstante, que haya diferencia entre los informes de Medicina Legal y la Administración municipal implica que ambas partes deben realizar un comité en donde establezcan indicadores únicos, así lo anunció la Alcaldía.
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