Según el ICBF, un Centro de Desarrollo Infantil (CDI) presta un servicio institucional que busca garantizar la educación inicial, cuidado y nutrición a niños y niñas menores de 5 años.
En el marco de la Atención Integral y Diferencial, a través de acciones pedagógicas, de cuidado calificado y nutrición; así como la realización de gestiones para promover los derechos a la salud, protección y participación, que permitan favorecer su desarrollo integral.
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Este servicio gratuito tiene una jornada de atención de alrededor de ocho horas diarias los cinco días de la semana; asimismo, tiene cobertura en todo el país y prioritariamente en las zonas urbanas.
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¿Qué está pasando en el oriente de Cali?
En el oriente de Cali, un total de 142 niños de un Centro de Desarrollo Infantil han estado sin clases ni los beneficios del programa debido a un litigio entre un particular y el operador del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).
Asimismo, según reportó Elizabeth Beltrán, docente del CDI, no se logró un acuerdo entre la persona encargada del inmueble y el operador de Bienestar Familiar, pese a que este último se encuentra al día en sus obligaciones.
''Hace mucho tiempo este lugar fue utilizado por unas personas que, después de hacer una construcción aquí, prácticamente se adueñaron del sitio. Luego se cedió para que funcionara una guardería, pero la persona a la que se le entregó falleció y, desde entonces, quienes quedaron al frente han estado cobrando arriendo al operador de Bienestar Familiar para que pueda seguir funcionando.''
Afirmó la docente.
Según Elizabeth, el desacuerdo estaría relacionado con el cobro de un canon de arrendamiento que no ha sido aceptado, situación que mantiene cerrado el lugar desde hace 20 días.
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Lo que pasa es que el operador sí ha venido pagando el arriendo, pero ahora la señora está exigiendo $2.800.000 mil pesos por el sitio. Como no llegaron a un acuerdo, ya llevan 15 días sin prestar el servicio y, al final, a quienes están afectando y vulnerando sus derechos es a los niños.
Resaltó
Sin embargo, mientras no se resuelva el conflicto jurídico, el centro no podrá reabrir sus puertas; a pesar de que docentes y madres comunitarias aseguran estar dispuestos a retomar labores de inmediato.
Incluso, Johana Valencia, quien también es docente en la institución, asegura que, si no se llega a un acuerdo con la señora, abrirán el local para garantizar que los niños no sigan siendo los más afectados.
Es porque la situación afecta directamente a los menores y a sus familias, ya que muchas madres han tenido que dejar de trabajar o buscar alternativas para el cuidado de sus hijos durante estas tres semanas.
Finalmente, la comunidad del oriente de Cali asegura que continuará exigiendo una pronta solución para garantizar los derechos de los niños y la reapertura del centro para ver clases con normalidad.
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