Las elecciones regionales de 2023 ya sucedieron y dentro de los candidatos para aspirar a la Gobernación del Valle del Cauca entre 2024 – 2027 estaba Tulio Gómez, máximo accionista del América de Cali.
Sin embargo, el Consejo Nacional Electoral inhabilitó al empresario debido a que había firmado contratos con la Universidad del Valle en el préstamo del Pascual Guerrero; escenario que usa el club ‘escarlata’ para jugar de local la Liga y la Copa colombiana.
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Respuesta de Univalle
Justamente, después de que los vallecaucanos votaran en las urnas, el senador vallecaucano Carlos Fernando Motoa dio a conocer una respuesta de Univalle; en la que se revela que esa entidad no se encuentra adscrita a la Gobernación del Valle.
Argumento utilizado por el CNE para inhabilitar al candidato Tulio Gómez.
“El CNE defendió el argumento de que el candidato Tulio Gómez estaba inhabilitado porque el contrato que suscribió con la Secretaría de Deportes de CALI para el uso del Pascual Guerrero que pertenece a la Universidad del Valle. Según ellos, la entidad estaba adscrita a la Gobernación, sin embargo, la propia universidad desmiente esa tesis”
Explicó Motoa.
De igual manera, el Senador señala que la entidad electoral se extralimitó en sus funciones, lo que le impidió a Tulio Gómez continuar con sus aspiraciones de ser gobernador electo:
“Mediante concepto técnico, la Universidad del Valle aclaró su relación con el Estadio, la Gobernación y el Departamento; poniendo en evidencia que el CNE no tomó una decisión basada en plena prueba.”
Asimismo, Motoa continuó:
“En su lugar, decidió incurrir en controversias jurídicas, impropias de una autoridad administrativa, que pusieron en jaque a la única candidatura capaz de derrotar al continuismo en el Valle del Cauca”
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Para concluir, la consagración de los derechos políticos tiene especial relevancia para que la ciudadanía tenga libertad y que los aspirantes a cargos públicos puedan ser elegidos:
“Llama la atención que la revocatoria de su candidatura ocurre al mismo tiempo que la de cientos de candidatos a diferentes cargos de elección popular que alegan tanto violación de derechos políticos, como vulneración del debido procesos”
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