El pasado 27 de diciembre la hermana del máximo jefe de ‘Los Urabeños’, Nini Johana Úsuga David, salió de la cárcel El Pedregal, Antioquia con una boleta falsa. La mujer tiene una orden de captura y se ofrece por ella una suma de 5 mil millones de pesos. De igual forma, Rafael Uribe Nieto, Walter de Jesús Castrillón Jaramillo y Merado Pena Bautista, de la misma banda criminal huyeron del centro penitenciario.
Ante esto, el Presidente de la República ordenó al ministro de Justicia, Alfonso Gómez Méndez, la destitución “en forma fulminante al director de esa cárcel” y solicitó a la Fiscalía como ente encargado de las investigaciones en el país, que le hiciera el seguimiento a este caso, como al Consejo Superior de la Judicatura.
El Mayor Manuel Pinto, director de la cárcel El Pedregal, afirmó que: “se le dio cumplimiento a una orden judicial” la cual fue verificada por el área jurídica de la cárcel un día antes de la fuga de los presos, para así dejar en libertad inmediata a los cuatro integrantes de ‘Los Urabeños’.
“Cuando llegan órdenes de libertad, esa área verifica que no tengan solicitud por otras autoridades. No tengo por qué poner en tela de juicio la decisión del juez cuando viene legalizada, yo le doy cumplimiento a la orden judicial”, aseguró el Mayor Pinto.
Para determinar las circunstancias de la fuga, un grupo especial de investigadores de la Fiscalía General de la Nación realizan la indagación de este hecho, en el que con la falsificación de boletas de libertad se fugaron presos que apenas iban a cumplir un mes en la cárcel.
El oficio fue firmado por una presunta secretaria del Juzgado Promiscuo del Municipio de Canalete, Córdoba. En él se ordenaba la libertad inmediata de los indiciados por una revocatoria de la medida de aseguramiento que pesaba en su contra por el delito de concierto para delinquir agravado, y fue posteriormente firmado por el juez Ángel Castro Durán, por solicitud del Centro de Servicios Judiciales de Medellín.
La Fiscalía inició una investigación contra la jueza coordinadora del centro de servicios judiciales de Medellín, para determinar su complicidad y responsabilidad ante este hecho. Los delitos por los que se investiga a la funcionaria son por falsedad en documento, uso de documento falso, fraude a resolución y fuga de presos.
Para los fugitivos se ordenó la recaptura para ser judicializados en un nuevo proceso por los mismos delitos de la funcionaria pública. A pesar de que el director de El Pedregal aseveró que “no hubo fuga”. El presidente Santos por su parte dijo que: “este tipo de situaciones no se pueden permitir”.
