El expresidente Álvaro Uribe (2002-2010) afirmó este jueves que la Fiscalía lo llamó a indagatoria por las investigaciones que ese organismo lleva a cabo sobre las masacres de La Granja y El Aro, perpetradas hace 30 años en el departamento de Antioquia (noroeste) por paramilitares.
"De mis abogados: 'Fiscalía Tercera nos acaba de notificar hace un rato que lo llama a indagatoria por el tema del aro, la granja (sic)", escribió Uribe en X.
Uribe agregó que también deberá comparecer para hablar del asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle Jaramillo, perpetrado en Medellín en 1998.
La Fiscalía emitió un comunicado en el que confirma que "el exmandatario será citado próximamente a rendir indagatoria" y que "inició investigación formal" a Uribe.
Masacres de El Aro y La Granja en Antioquia
El caso es por "hechos relacionados con la conformación de un grupo paramilitar en el municipio de San Roque y las masacres perpetradas en los corregimientos de El Aro y la Granja del municipio de Ituango, cuando se desempeñó como gobernador de Antioquia", cargo que ocupó entre enero de 1995 y diciembre de 1997.
"Los delitos en los que estaría involucrado son los de concierto para delinquir agravado y homicidios en persona protegida, por presuntamente facilitar y promover el accionar de esa estructura armada organizada al margen de la ley que habría utilizado como base la hacienda Guacharacas, de propiedad de la familia Uribe Vélez para la época".
Indicó la Fiscalía en un comunicado.
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La Fiscalía añadió que la investigación también hace referencia a su "posible participación (...) en las incursiones paramilitares en los corregimientos La Granja y El Aro del municipio de Ituango perpetradas entre 1996 y 1997, en las cuales se registraron múltiples homicidios, desplazamientos forzados, incendio de viviendas y hurto de ganado".
"De igual manera, la Delegada ante la Corte Suprema de Justicia dispuso la vinculación de Uribe por su presunta responsabilidad en el homicidio del defensor de derechos humanos Jesús María Valle Jaramillo, ocurrido en el año 1998".
Fiscalía.
La masacre de La Granja dejó cuatro personas asesinadas y decenas de desplazados en 1996. Un año después, grupos paramilitares cometieron la masacre de El Aro, que cobró la vida de 15 personas.
La Fiscalía ya anunció en 2015 que investigaría a Uribe por su posible implicación en la masacre de El Aro puesto que varios testigos afirmaron haber visto un helicóptero de la Gobernación de Antioquia, que realizaba vigilancia mientras los paramilitares perpetraban la masacre, y en esos años el político era el gobernador.
El crimen contra Jesús María Valle
Jesús María Valle, entre tanto, fue un abogado defensor de los derechos humanos en una de las etapas más duras de violencia del conflicto armado colombiano y presidió el Comité Permanente de Derechos Humanos de Antioquia, pese a haber recibido varias amenazas de muerte.
El abogado fue asesinado el 27 de febrero de 1998 por sicarios de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) tras denunciar la inacción de las autoridades para evitar las dos citadas masacres.
A principios de este mes, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia confirmó la condena de 28 años y tres meses de prisión contra el ganadero Santiago Uribe, hermano del expresidente, por crear y financiar el grupo paramilitar Los doce apóstoles.
La Corte ratificó que el hermano del expresidente cometió los delitos de concierto para delinquir y homicidio, ambos agravados, al participar en la conformación de Los doce apóstoles, un grupo paramilitar que nació en Yarumal (Antioquia), y también de estar implicado en el asesinato en 1994 en esa población de un hombre identificado como Camilo Barrientos.
La respuesta de la defensa de Uribe
La defensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez, encabezada por el abogado Jaime Granados, cuestionó el llamado a indagatoria realizado por la Fiscalía General de la Nación dentro de la investigación por las masacres de El Aro y La Granja, ocurridas en 1996 y 1997, durante el periodo en que Uribe se desempeñó como gobernador de Antioquia.
Según la defensa, la decisión presenta irregularidades y tendría un trasfondo político, por lo que advirtió sobre la coincidencia de la citación con la cercanía de la jornada electoral.
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