La Corte Constitucional estudió una acción de tutela presentada por “Amalia”, debido a una sentencia proferida el 18 de marzo de 2024 en un proceso verbal de simulación absoluta de compraventa.
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'Amalia' solicitó la protección de sus derechos fundamentales a la dignidad humana, al acceso a la administración de justicia y a vivir una vida libre de violencias. Esto, porque la sentencia judicial no tomó en cuenta la alegada violencia económica ejercida contra ella, ni abrió un incidente para reparación integral.
Según expuso la Corte, ‘Amalia’ y su madre promovieron 18 procesos y trámites administrativos para exigir el pago de la cuota alimentaria. Sin embargo, el papá habría recurrido incluso a una simulación de compraventa de un inmueble, el único bien con el que podía responder económicamente, para evadir sus obligaciones.
El acto de simulación de compraventa fue usado presuntamente como abuso del derecho para ocultar bienes y evadir obligaciones alimentarias, lo cual constituye una forma de violencia económica de género.
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¿Cómo respondió la Corte Constitucional?
Según la Corte Constitucional, el incumplimiento de la obligación alimentaria no solo afecta a los hijos, sino también a las madres cabeza de hogar, quienes asumen el cuidado y crianza del hogar. Además, genera una carga emocional y económica desproporcionada que deja en visto patrones estructurales de desigualdad y perpetúa la pobreza en contextos de vulnerabilidad.
La Corte Constitucional revocó las sentencias previas que negaron la acción de tutela presentada por Amalia y además, se tutelaron los derechos fundamentales de Amalia a la dignidad humana, acceso a la justicia y a vivir una vida libre de violencia.
Adicionalmente, enfatiza el deber constitucional de todos los jueces de aplicar un enfoque o perspectiva de género, en especial en casos de violencia intrafamiliar, basada en género o económica. Este enfoque debe esclarecer desigualdades estructurales y proteger derechos fundamentales.
La Corte reafirma la necesidad de aplicar la perspectiva de género en la administración de justicia, especialmente en casos de violencia económica y violencia basada en género, y habilita a los jueces para adoptar medidas efectivas de reparación integral independientemente de las limitaciones formales procesales anteriores.
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