El Gobierno Nacional, a través de la Superintendencia de Transporte y el Ministerio de Transporte, abrió una investigación administrativa contra 37 organismos de tránsito del país por presuntos incumplimientos relacionados con la operación de sistemas automáticos de detección de infracciones de tránsito (SAST), conocidos como fotomultas.
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Según el comunicado oficial divulgado este 19 de mayo de 2026, más de 7,5 millones de comparendos están bajo investigación y cerca de 5,8 millones quedarían sin validez y deberán ser revocados de oficio.
Las actuaciones adelantadas por la Superintendencia evidenciaron posibles irregularidades en el cumplimiento de requisitos técnicos obligatorios establecidos en la Ley 2251 de 2022 y la Resolución 718 del Ministerio de Transporte, especialmente relacionados con la ausencia del concepto de desempeño expedido por el Instituto Nacional de Metrología, requisito indispensable para garantizar la confiabilidad y legalidad de estos sistemas.
Durante la investigación se identificó que:
- 12 organismos de tránsito iniciaron operación sin contar con concepto de desempeño.
- 7 organismos operaron con conceptos expedidos a terceros.
- 18 organismos obtuvieron los conceptos técnicos después de haber iniciado la operación de los sistemas.
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Entre las autoridades de tránsito investigadas aparecen entidades de ciudades como Cali, Medellín, Bogotá, Barranquilla, Villavicencio, Cartagena, Bucaramanga, Valledupar, Montería y Sincelejo, entre otras.
La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, aseguró que esta actuación representa “un precedente histórico en defensa de los ciudadanos y la legalidad”.
“Hoy el Gobierno Nacional le dice al país que las fotomultas no pueden convertirse en un mecanismo de recaudo por fuera de la ley. Cuando no se cumplen los requisitos técnicos y legales, los ciudadanos no pueden ser los que paguen las consecuencias. Aquí estamos protegiendo el debido proceso y los derechos de millones de colombianos”.
Ministra de Transporte.
La Superintendencia de Transporte también identificó que los organismos investigados impusieron más de 7,5 millones de comparendos mediante estos sistemas tecnológicos. De ellos, 1.582.398 ya fueron pagados por ciudadanos colombianos y representan recaudos superiores a $1,05 billones.
En consecuencia, las autoridades investigadas podrían verse obligadas a devolver estos recursos y enfrentar sanciones equivalentes al doble de lo recaudado, lo que superaría los $2,1 billones, conforme a lo establecido en la Ley 2251 de 2022.
Los organismos con mayores cifras de comparendos detectados dentro de la investigación son:
- Cali: 2,7 millones de comparendos.
- Medellín: más de 717 mil comparendos.
- Bogotá: cerca de 294 mil comparendos.
- Barranquilla: más de 131 mil comparendos.
Además, 5.832.906 comparendos que aún no han sido pagados quedarían sin validez y deberán ser revocados de oficio por las autoridades de tránsito correspondientes, beneficiando potencialmente a más de 1,4 millones de ciudadanos.
Por su parte, el superintendente de Transporte, Alfredo Piñeros, señaló que estas actuaciones buscan recuperar la confianza ciudadana y garantizar el respeto al debido proceso.
“No estamos actuando contra la seguridad vial. Estamos actuando contra posibles irregularidades que afectan la legalidad y la confianza ciudadana. Ninguna cámara de fotodetección puede operar sin cumplir los requisitos técnicos y jurídicos exigidos por la ley”.
Afirmó el superintendente.
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