La Defensoría del Pueblo presentó su más reciente informe de seguimiento a la Alerta Temprana 013 de 2025, en el que repara que 69 municipios se encuentran en nivel de acción inmediata ante riesgos que podrían afectar los procesos electorales de 2025 y 2026.
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También se incrementaron las localidades bajo llamado urgente, que subieron de 162 a 168, y aquellas en acción prioritaria, que pasaron de 425 a 433.
Estos cambios, según la entidad, responden a la variación de dos grandes factores: por un lado, el nivel de amenaza derivado de acciones armadas contra la población civil; y por otro, las capacidades institucionales y las vulnerabilidades del Estado para enfrentar estos escenarios.
En total, 45 municipios modificaron su estatus dentro del mapa de riesgo electoral. Entre los territorios con mayor agravamiento se encuentra el departamento del Cauca, donde Puerto Tejada, Balboa, Jambaló, Padilla y Villa Rica registraron un deterioro en sus condiciones.
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Amenazas, control territorial y presión electoral
El documento reporta 457 amenazas de muerte contra líderes sociales, personas defensoras de derechos humanos y actores políticos en el actual contexto preelectoral.
Esto evidencia un panorama preocupante en distintas regiones del país donde grupos armados han impuesto reglas informales que condicionan el comportamiento electoral de la población.
Asimismo, el seguimiento advierte que la incidencia de estos grupos ilegales continúa afectando el ejercicio democrático mediante intimidaciones, restricciones a la movilidad, presiones y controles durante etapas clave como la inscripción de cédulas y candidaturas.
Aunque estas prácticas no siempre derivan en la suspensión de elecciones, sí generan condiciones que limitan la libertad y las garantías del voto.
Según la defensora del Pueblo, Iris Marín Ospín, en zonas del noroccidente, como Córdoba y Antioquia, estructuras criminales ejercen controles de baja visibilidad pero con alta capacidad de regulación social y electoral.
Esta dinámica, advierte la entidad, limita el proselitismo, restringe la movilidad y altera el equilibrio de la competencia democrática.
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Otros posibles riesgos
Así como lo explica la Defensoría, el riesgo no radica únicamente en la cancelación de los comicios.
Sino también, en la consolidación de escenarios donde la participación se ve condicionada por el control territorial y la falta de garantías efectivas.
Es así como poblaciones como líderes sociales, candidatos, firmantes del acuerdo de paz, mujeres, comunidades étnicas y periodistas enfrentan niveles diferenciados de exposición.
No obstante, uno de los puntos más sensibles del informe es la evaluación sobre la respuesta institucional. El Índice de Respuesta Estatal evidencia avances parciales en algunas recomendaciones, pero también debilidades en coordinación interinstitucional, prevención y acceso a la justicia.
Esta situación, advierte la entidad, podría debilitar la legitimidad del proceso democrático si no se adoptan medidas oportunas.
El documento advierte que la implementación de las 11 recomendaciones ha sido parcial. Los niveles de cumplimiento alcanzan 52 % en prevención y protección, 55 % en acceso a la justicia, 65 % en acciones de la Fuerza Pública y apenas 29 % en articulación interinstitucional.
Candidatos, mujeres, periodistas y aspirantes de las circunscripciones especiales de paz enfrentan riesgos diferenciados, marcados por amenazas, restricciones y barreras estructurales que pueden afectar la legitimidad del proceso electoral.
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