Las víctimas dentro del proceso judicial contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez (2002-2010) denunciaron este viernes que el exmandatario habría convocado como testigo a Ramiro de Jesús Henao. Según las acusaciones, Henao, también conocido con los alias de “Simón” o “Fantasma”, sería un paramilitar activo vinculado al Clan del Golfo, la estructura criminal más grande de Colombia.
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A través de un comunicado oficial, las víctimas informaron a la Jueza 44 Penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá sobre presuntas actividades delictivas en las que estaría involucrado Henao en la actualidad.
Un testigo en medio de la polémica
Uribe enfrenta un proceso judicial por presuntos delitos de soborno, fraude procesal y soborno en actuación penal. La controversia sobre la elección de Henao como testigo de la defensa ha generado preocupación entre los demandantes, quienes han advertido sobre su posible rol dentro del Clan del Golfo.
De acuerdo con un reportaje publicado por Señal Investigativa y la Revista Raya en 2023, Henao estaría vinculado a la conformación del Frente Carlos Mauricio García, un grupo dentro del Clan del Golfo que opera en el Oriente Antioqueño.
El senador Iván Cepeda, una de las principales figuras en este proceso, fue informado el pasado 2 de marzo sobre la posible actividad delictiva que Henao habría incrementado en los últimos meses. Según las denuncias, el testigo de Uribe estaría en libertad condicional desde 2023 y se desempeñaría como cabecilla de dicho frente criminal.
Un proceso judicial de más de una década
El caso tiene sus raíces en 2012, cuando Uribe presentó una demanda contra Cepeda por supuesta manipulación de testigos. En ese momento, el senador preparaba una denuncia en contra del expresidente por presuntos vínculos con el paramilitarismo.
Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia no solo decidió no abrir una investigación contra Cepeda, sino que en 2018 inició un proceso contra Uribe por manipulación de testigos.
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El juicio contra el exmandatario avanzó este año luego de que el Tribunal Superior de Bogotá admitiera como pruebas interceptaciones telefónicas realizadas por la Corte Suprema en 2018. En un intento por cambiar el rumbo de su proceso, Uribe renunció a su escaño en el Senado en 2020 para que su caso pasara de la Corte Suprema a la justicia ordinaria.
A pesar de que la Fiscalía solicitó en dos ocasiones la preclusión del caso, argumentando falta de pruebas para procesar judicialmente al expresidente, tanto los juzgados de primera instancia como el Tribunal Superior de Bogotá rechazaron la petición. Finalmente, en 2023, la Fiscalía tomó la decisión de presentar una acusación formal en su contra.
El juicio sigue en desarrollo y continúa generando debate en el ámbito político y judicial del país.
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