En las primeras redadas antiinmigrantes bajo la administración de Donald Trump, 538 personas han sido detenidas por presunta comisión de delitos, según informó la Agencia de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE). De este total, ya se han ejecutado cientos de deportaciones de hombres y mujeres en situación irregular.
La Casa Blanca destacó que entre los detenidos se encuentran individuos con condenas graves, como Luis Alberto Espinoza-Boconsaca, acusado de violación, y Cristofer Alexander Ramírez Olivia, señalado por abuso sexual contra menores.
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Resultados destacados del Gobierno
El presidente Trump calificó los operativos como "la mayor operación de deportación masiva en la historia de Estados Unidos". La Casa Blanca afirmó en sus redes sociales que estas acciones reflejan la política de “promesas hechas, promesas cumplidas”, asegurando que el enfoque principal es garantizar la seguridad de las fronteras.
El Departamento de Seguridad Nacional revocó medidas tomadas en administraciones anteriores, como las directrices que limitaban las redadas cerca de escuelas e iglesias. Según el gobierno, esto permite a los agentes de migración capturar a los “criminales extranjeros” que intentan evadir la ley escondiéndose en estos lugares.
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Cierre de la frontera con México
Además de las redadas, la administración Trump ordenó el despliegue de 1.500 militares en la frontera con México. Estos operativos incluyen el uso de helicópteros, personal de inteligencia y transporte aéreo militar, con el objetivo de detectar y controlar el flujo migratorio.
El Pentágono también ha colaborado en la deportación de más de 5.000 inmigrantes desde centros de detención en San Diego, California, y El Paso, Texas. Según las autoridades, el aumento del personal militar representa un incremento del 60 % en las fuerzas activas desde que Trump asumió la presidencia.
La administración de Donald Trump ha reafirmado su compromiso de combatir la inmigración irregular mediante acciones estrictas y ampliando los operativos en todo el país. Mientras tanto, organizaciones defensoras de los derechos humanos han expresado preocupación por las condiciones y el impacto humanitario de estas políticas.
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