El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, explicó que esta directiva no define cómo debe actuar la Policía ni el Gobierno, y que revisará la directriz sobre como manejar la protesta social en el país.
Cristo informó que este lunes 16 de septiembre, en medio de una entrevista con W Radio, se reunirán representantes del Gobierno para analizar la directiva emitida por la fiscal general Luz Adriana Camargo, la cual está dirigida a los fiscales en relación con el manejo de las manifestaciones.
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Además, aclaró que esta directriz es solo una guía para los fiscales y no establece el comportamiento de la Policía o del Gobierno. Por ello, indicó que se revisará para determinar si el Gobierno tiene alguna obligación al respecto, pero recalcó que no afecta a otras autoridades.
“Básicamente, es una orientación que da la Fiscalía a sus fiscales y no determina cómo debe actuar la Policía o el propio Gobierno”.
Señaló el Ministro
El Ministro también subrayó que la proporcionalidad y el equilibrio son fundamentales para quienes desean manifestarse y para proteger los derechos de los demás. De igual forma, expresó su preocupación por la creciente radicalización en el país, que pone en duda las decisiones de las autoridades, lo cual, según él, perjudica el funcionamiento de la democracia.
Finalmente, Cristo reiteró que las protestas no deben afectar los derechos de la mayoría, como la educación y la salud, y que siempre se buscará una respuesta pacífica, como se ha hecho en situaciones recientes.
¿En qué consiste la directriz de la Fiscalía General sobre la protesta social?
La nueva directriz, firmada el pasado 10 de septiembre de 2024, busca equilibrar la protección del derecho a la protesta pacífica con la necesidad de mantener el orden público.
Según la fiscal general Camargo, el objetivo es asegurar que las manifestaciones se desarrollen sin violaciones a la ley, al mismo tiempo que se evita la criminalización de la protesta legítima.
En entrevista para 90 minutos abogados en derecho penal señalaron que, las nuevas directrices reafirman el derecho constitucional a la protesta pacífica, pero aclaran que cualquier acto delictivo, como vandalismo o saqueos, será investigado y judicializado de manera rigurosa.
"La directriz no pretende debilitar a la fuerza pública. Más bien, busca asegurar que los delitos sean tratados con la seriedad que requieren, sin afectar el derecho a manifestarse pacíficamente"
Raimundo Tello, Especialista en Derecho Penal
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