El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, explicó que esta directiva no define cómo debe actuar la Policía ni el Gobierno, y que revisará la directriz sobre como manejar la protesta social en el país.

Cristo informó que este lunes 16 de septiembre, en medio de una entrevista con W Radio, se reunirán representantes del Gobierno para analizar la directiva emitida por la fiscal general Luz Adriana Camargo, la cual está dirigida a los fiscales en relación con el manejo de las manifestaciones.

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Además, aclaró que esta directriz es solo una guía para los fiscales y no establece el comportamiento de la Policía o del Gobierno. Por ello, indicó que se revisará para determinar si el Gobierno tiene alguna obligación al respecto, pero recalcó que no afecta a otras autoridades.

“Básicamente, es una orientación que da la Fiscalía a sus fiscales y no determina cómo debe actuar la Policía o el propio Gobierno”.

Señaló el Ministro

El Ministro también subrayó que la proporcionalidad y el equilibrio son fundamentales para quienes desean manifestarse y para proteger los derechos de los demás. De igual forma, expresó su preocupación por la creciente radicalización en el país, que pone en duda las decisiones de las autoridades, lo cual, según él, perjudica el funcionamiento de la democracia.

Finalmente, Cristo reiteró que las protestas no deben afectar los derechos de la mayoría, como la educación y la salud, y que siempre se buscará una respuesta pacífica, como se ha hecho en situaciones recientes.

¿En qué consiste la directriz de la Fiscalía General sobre la protesta social?

La nueva directriz, firmada el pasado 10 de septiembre de 2024, busca equilibrar la protección del derecho a la protesta pacífica con la necesidad de mantener el orden público.

Según la fiscal general Camargo, el objetivo es asegurar que las manifestaciones se desarrollen sin violaciones a la ley, al mismo tiempo que se evita la criminalización de la protesta legítima.

En entrevista para 90 minutos abogados en derecho penal señalaron que, las nuevas directrices reafirman el derecho constitucional a la protesta pacífica, pero aclaran que cualquier acto delictivo, como vandalismo o saqueos, será investigado y judicializado de manera rigurosa.

"La directriz no pretende debilitar a la fuerza pública. Más bien, busca asegurar que los delitos sean tratados con la seriedad que requieren, sin afectar el derecho a manifestarse pacíficamente"

Raimundo Tello, Especialista en Derecho Penal

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En la mañana de este lunes, el abogado del presidente Gustavo Petro, Héctor Carvajal, anunció en el programa Mañanas Blu, que no reconocerán la decisión que adoptó el Consejo Nacional Electoral sobre una posible imputación de cargos por presuntas irregularidades en el financiamiento de la campaña presidencial de Petro en el 2022.

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Teniendo en cuenta que alrededor de las 11 de la mañana, en la sede del Consejo Electoral, se llevará cabo la sección con 9 magistrados que deberán analizar este caso, el abogado de Petro manifestó que fue dirigido un escrito a la entidad para frenar el proceso.

“Ese escrito se lo trasladamos al mismo Consejo Nacional Electoral para que el día de hoy se abstenga de seguir adelante con esa actuación y fundado en esa decisión, hasta que no se resuelva la nulidad que le hemos planteado al Consejo de Estado”.

Mencionó el abogado de Gustavo Petro.

Por el contrario, el Consejo Nacional Electoral, a través de un comunicado emitido el pasado sábado, destacó que su accionar ha sido reafirmado por recientes decisiones de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, “que lo ratifican como incuestionables”. También, se respetaría el fuero presidencial.

Sin embargo, para Carvajal las acciones del CNE habrían violado este fuero, ya que dicha institución no tendría competencia para investigar a Petro.

“No tiene ninguna autoría de ese comunicado, no lo firma la presidenta, no lo firman los magistrados, aparece como un comunicado escueto a la comunidad pública por parte de esa corporación. Entonces nosotros tenemos muchas dudas de que el Consejo Nacional Electoral vaya a hacer caso a lo que está diciendo en ese comunicado”

Dijo Carvajal.

Además, durante la entrevista expresó que “nadie está obligado a reconocer una decisión totalmente violatoria de la ley”.

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Periodista: ¿Usted considera que es un buen mensaje que el Presidente de la República desconozca una decisión de una institución que está creada por la constitución y la ley?

“El mismo Consejo de Estado y la Corte Constitucional ha dicho las decisiones judiciales fundadas en la ilegalidad y violatorias de la Constitución que no tienen fuerza vinculante".

*¿Cualquier decisión que salga de este Consejo Electoral, lo que usted está anunciando, es no será reconocida?

“Siempre que vaya en contra del fuero presidencial, no será reconocida”.

*¿Qué significa que no será reconocida?

“Pues que la atacaremos por todos los medios y no la acataremos ante el Consejo Nacional Electoral a presentar unos descargos porque no nos corresponde”.

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El Gobierno colombiano radicó este viernes en el Congreso para su aprobación un nuevo proyecto de ley de reforma a la salud, después de que en la legislatura pasada, en abril de este año, se hundiera la anterior.

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Sin anuncio previo, el Ministerio de Salud presentó al Congreso el nuevo texto que pretende garantizar "que todos los ciudadanos accedan a servicios de calidad sin barreras y con equidad".

"Queremos construir una salud sin barreras, donde cada ciudadano, sin importar su ubicación o condición socioeconómica, pueda acceder a servicios de calidad".

Afirmó el ministro de Salud y Protección Social, Guillermo Jaramillo, citado en un comunicado.

La nueva reforma

Según lo detallado por el Ministerio, el nuevo texto quiere eliminar barreras económicas, geográficas y administrativas. Todo eso con el fin de acceder a servicios de salud, ofreciendo una red articulada de hospitales y clínicas.

También pretende que se extienda los servicios a zonas rurales y promocione la formación de los profesionales de salud, así como simplifique los trámites.

Como en la anterior reforma, pretende dar más poder a la Administradora de los Recursos de Salud (Adres). Esta entidad pública es la que se encarga de girar los recursos a las Entidades Prestadoras de Salud (EPS) privadas que es a la que están abonadas la ciudadanía para recibir la atención sanitaria.

Por ello, la Adres será el pagador único y quien cancele a hospitales y clínicas (en vez de las EPS), en un nuevo sistema de salud.

Además, busca enfocarse en la atención de prevención, con mayor capacitación de los profesionales de la salud y apostando por Centros de Atención Primaria en Salud (CAPS) y los Equipos de Salud Territorial.

"Estarán en primera línea, brindando atención cercana a las comunidades, reduciendo inequidades y respondiendo eficazmente a las necesidades locales".

Comentó el Ministro Jaramillo.

Hundimiento de la reforma

A pesar de las similitudes con el texto que se hundió en abril por iniciativa de la oposición, el ministro de Salud se mostró confiado en su tramitación.

"Este proyecto de ley refleja un proceso de consenso amplio. Hemos tomado en cuenta y abordado las observaciones de todas las partes involucradas para lograr una reforma integral y efectiva".

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La polémica reforma anterior, que suscitó críticas de amplios sectores, incluidas las EPS y gremios sanitarios, se hundió en una de sus fases más preliminares de tramitación. Esto ocurrió cuándo nueve congresistas de la Comisión Séptima del Senado votaron una ponencia para archivar definitivamente la iniciativa.

La reforma hundida había sido aprobada a finales del año pasado por la Cámara de Representantes. Además, pasó a debates en el Senado a pesar de las numerosas críticas hechas al proyecto por asociaciones médicas y de pacientes.

Actualmente, el sistema sanitario colombiano está en crisis, pues la mayoría de EPS privadas se encuentran intervenidas por el Gobierno.

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