En Colombia, las mipymes representan el 99% de las empresas del país y generan cerca del 80% del empleo, según el Fondo Nacional de Garantías. Sin embargo, solo el 27% de ellas solicitan productos de crédito, y el 40% de rechazos que se dan a las peticiones de este tipo de negocios es por no contar con garantías.
A su turno, la Asobancaria explica que los segmentos poblacionales de bajos ingresos, con menor nivel educativo, que desarrollan actividades económicas altamente informales, son los grupos con un mayor índice de exclusión en el sector financiero de América Latina, así como las personas de la tercera edad y las mujeres.
Para el caso colombiano se ha podido evidenciar que el nivel de ingreso se constituye como un determinante claro del acceso y uso de los productos financieros; dichos indicadores son superiores en las zonas con mayor actividad económica, donde, por ejemplo, la región pacífica del país es la zona más rezagada en los diferentes indicadores estudiados (Banca de las oportunidades, 2023).
Uso de productos financieros en Colombia
Ahora bien, según el reporte de inclusión financiera para Colombia, el 79,6% de los colombianos tienen cuentas de ahorro, el 22,5% tarjetas de crédito y el 6,3% microcrédito.
Al desagregar estos resultados, se identifica que los departamentos y ciudades del interior del país son quienes tienen un mayor acceso a productos de crédito (Bogotá, Valle del Cauca, Antioquia y Huila). Mientras que aquellos más alejados del centro son quienes tienen menor acceso, en especial (Vaupés, Vichada y Guainía).
Una realidad que también afecta a la población rural, donde el 44,4% de la población no tiene una cuenta de ahorro y solo el 8% accede a una tarjeta de crédito. Cuando se habla de mujeres, las brechas pueden ir hasta 6,7 puntos porcentuales en relación con los hombres. En tanto, el acceso a cualquier producto financiero, por parte de la población migrante, sigue representando un reto.
Reto de la inclusión financiera
En respuesta a estas y a otras cifras analizadas, la Mesa Interinstitucional de Inclusión Financiera presenta un documento titulado ‘Recomendaciones de inclusión financiera para los gobiernos locales’, con el fin de que sean incorporadas a las políticas públicas de Bogotá, Medellín y Cali, y que se articulen, a su vez, con el Plan Nacional de Desarrollo. La mesa, integrada por 16 organizaciones de los sectores público, privado, academia y tercer sector, vincula ejes transversales a las propuestas: emprendimiento, género, migración y ruralidad, demostrando la necesidad de ampliar la conversación.
“La inclusión financiera es un pilar fundamental para el desarrollo económico y social de nuestras regiones y de nuestro país. Debemos trabajar en conjunto, integrando cada vez a más actores que quieran aportar a la construcción de un futuro equitativo y próspero, para no dejar a nadie atrás y crear cada vez mejores oportunidades para todos y todas”.
Expresó Daniela Konietzko Calero, presidente de la Fundación WWB Colombia.
"Si bien las recomendaciones van dirigidas a gobiernos locales, también son útiles para todo tipo de organizaciones interesadas en hacer que la inclusión y la educación financiera de diferentes grupos poblacionales sea mejor. La presentación de este informe me llena de satisfacción, nos alegra ver que todas las organizaciones asistentes están muy interesadas en contribuir para que esto se lleve a acciones concretas".
Afirmó Daniela Pradilla, gerente de proyectos en Fundación Capital, durante la presentación del documento en la Universidad del Rosario, el pasado 22 de febrero.
Sobre el informe
El informe aporta, además, un diagnóstico de la inclusión financiera en el país y en las tres ciudades de interés, utilizando análisis de datos nacionales y regionales. Además, consulta de fuentes secundarias, así como la experticia de las organizaciones de la Mesa de Trabajo, que tienen presencia en dichas localidades y que han desarrollado estrategias, investigaciones y programas innovadores en pro de la inclusión financiera.
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Las recomendaciones presentadas se dividen en cinco apartados:
1. Articulación y fortalecimiento de las capacidades del Estado local
Diseñar acciones enfocadas en lograr mayores niveles sostenibles de inclusión, que estén incorporadas a los planes de desarrollo locales, tengan indicadores reales y datos que faciliten la destinación de recursos. Entendiendo que la inclusión financiera es un proceso integral, debe ser de interés de varias secretarías (como las secretarías de la mujer, desarrollo económico, educación, entre otras) para que las acciones a desarrollar se transversalicen y así generar un mayor impacto y no duplicar esfuerzos.
Organizaciones como Sparkassenstiftung y Fundación Capital aconsejan una sensibilización a funcionarios/as de la administración pública en la relevancia e importancia de la dimensión de inclusión financiera.
2. Encadenamientos productivos
Con estrategias integrales de acompañamiento a personas y/o unidades productivas que garanticen el acceso y uso adecuado de los productos de crédito, ahorro y servicios financieros; promover el uso de productos de ahorro y seguros a través de distintos medios, incluyendo los digitales, y generar estrategias de encadenamientos productivos, ligadas a mayores niveles de inclusión productiva.
Este tipo de estrategias, acompañadas por procesos de fortalecimiento interno a nivel organizacional, de alfabetización digital y educación financiera, aporta a la sostenibilidad y crecimiento de este tipo de organizaciones en las zonas rurales.
3. Emprendimiento e inclusión financiera
Uno de los grandes retos que enfrentan los micronegocios al momento de acceder al sistema financiero formal, es su condición informal, asociada al primer paso, según el CONPES 3956 de 2019 de formalización empresarial, con la tenencia de registros como RUT y Registro Mercantil. Es por ello, que los gobiernos locales, en alianza con las Cámaras de Comercio, pueden desarrollar acciones que faciliten la tenencia de estos registros a los micronegocios y aportar al cumplimiento de requisitos mínimos para acceder al sistema financiero.
"Creemos que la inclusión financiera es clave para generar desarrollo y para ayudar a la reducción de pobreza. Las empresas asociativas pueden ser una herramienta clave para poder vincular a un mayor número de productores a los sistemas financieros. También creemos que la inclusión financiera no es solo crédito. Tenemos que pensar en ahorro, en seguros y en otras herramientas que pueden ayudar a la gente a mejorar su nivel de vida".
Manifestó José Andrés Díaz, de IC Fundación
3. Grupos poblacionales e inclusión financiera.
Migrantes: desarrollar una propuesta integral para que puedan contar con inclusión financiera, teniendo en cuenta las diferencias entre los sistemas financieros de los distintos países. Se aconsejan campañas de información del sistema financiero colombiano, y la creación de equipos responsables de la educación e inclusión financiera para migrantes, que puedan articular ofertas con este grupo poblacional.
Perspectiva de género: frente a las brechas que prevalecen, se pide diseñar estrategias integrales con enfoque diferencial que promuevan la transformación de estereotipos y sesgos; articulen acciones que modifiquen las normas sociales de género que limitan la participación, y fortalecer el rol de la mujer en los emprendimientos en contextos vulnerables.
Niños, niñas, adolescentes y jóvenes: La CAF ha identificado que los(as) colombianos(as), presentan los niveles más bajos de competencias financieras comparado con países como Brasil, Ecuador y Perú, destacando la importancia de desarrollar acciones que ayuden a mitigar esta situación. Se propone promover la inclusión y educación financiera desde los niños, niñas y jóvenes en asocio con el Ministerio de Educación, que en línea con la política nacional para la inclusión y la educación económica y financiera ha venido trabajando en el tema.
4. Garantías y ecosistemas de inversión
Para facilitar el acceso a recursos de crédito a pequeños negocios a través de garantías. El Fondo Nacional de Garantías, por ejemplo, tiene garantía para microcrédito rural, un producto especial para mujeres microempresarias, y uno de garantía automática para microcrédito empresarial.
“Lo que más resalto es la relevancia de incorporar la inclusión financiera como componente de resultados, esto dado que la implementación y evaluación de iniciativas de acceso y uso a servicios financieros para mujeres emprendedoras, población rural y población en situaciones de vulnerabilidad permitirá que se continúe consolidando un ecosistema inclusivo y sostenible para el desarrollo del país”.
Expresó Ibonne Quiroga, profesional senior, del Fondo Nacional de Garantías.
También se propone la creación de un ecosistema de financiamiento e inversión, que apoye a los negocios en condición de vulnerabilidad.
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