Este martes 19 de diciembre, el fiscal federal, Carlos Stornelli, confirmó la apertura de una investigación contra el expresidente Álvaro Uribe por parte de la justicia argentina. Se le acusa de posibles crímenes de lesa humanidad.
La denuncia respaldada por el fiscal Carlos Stornelli, responsabiliza a Vélez por presunta participación en ejecuciones extrajudiciales como parte de los combates de guerra, durante su mandato en Colombia.
Hace casi un mes se conoció la denuncia presentada ante un tribunal argentino. El expresidente está acusado de más de 6.000 ejecuciones y desapariciones forzadas de civiles .
El reconocido caso de “falsos positivos" entre 2002 y 2008.
Los denunciantes contra Uribe fueron familiares de 4 de las víctimas, quienes serían Luís Eduardo Oñate, Álvaro Adolfo Pina Londoño, Beyer Ignacio Pérez Hernández, Didier Eduardo Durant Badillo.
El Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, el Colectivo de Abogados y Abogadas José Alvear Restrepo y la Corporación Jurídica Libertad acompañaron la querella.
El caso fue presentado en Argentina "porque en el país aplica la jurisdicción universal pero también porque compartimos un pasado de atrocidades y creímos que podría haber mayor sensibilidad frente a esta búsqueda de justicia".
Daniela Rodríguez Sanabria, abogada colombiana, dijo a la AFP.
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¿Cómo va el proceso contra Álvaro Uribe Vélez?
Según lo conocido por el diario El Clarín, el fiscal Stornelli argumenta que la denuncia se basa en el principio de jurisdicción universal
“En el principio de jurisdicción universal, e invocaron el art. 118 in fine de la Constitución Nacional, la ley 26.200, El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y los artículos. 174 y 176 del Código Procesal Penal de la Nación”.
Además, la normativa del principio de Jurisdicción Internacional, dice que:
“Los crímenes contra el derecho de gentes pueden y deben ser investigados y juzgados aún fuera del lugar donde fueran cometidos”.
Por otro lado, Stornelli habría solicitado al juez que se hagan exhortos internacionales a la Presidencia de la República de Colombia, Gobierno nacional, Ministerio de la Defensa y Ministerio del Interior. Esto con el fin de que remitan copias certificadas de actas de reuniones (internas y con terceros), notas internas y comunicaciones que se hicieron entre 2002 y 2010 acerca de conductas relacionadas con asesinatos y desapariciones forzadas de civiles, así lo señaló El Clarín.
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